Lima  — Abogados de los familiares de los 25 asesinados durante el gobierno del expresidente peruano Alberto Fujimori pidieron durante una audiencia el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica anular el indulto otorgado a Fujimori porque se trató de un “pacto político” que vulneró toda la legislación interamericana.

Por su parte, la defensa de Perú reafirmó frente a los siete jueces de la CorteIDH que el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski horas antes de la Navidad fue entregado por razones médicas y que los familiares de las víctimas no habían agotado su búsqueda de justicia en tribunales peruanos antes de acceder a la jurisdicción interamericana.

Jorge Villegas, representante de Perú, dijo que Fujimori padecía de graves enfermedades, entre ellas cáncer y arritmia cardiaca que en prisión “podían ocasionarle la muerte”. Añadió que incluso un condenado por “graves violaciones de derechos humanos” como Fujimori tiene derecho a la “dignidad, salud y la vida”.

Los defensores de las víctimas dijeron a su turno que el indulto no fue humanitario sino una “negociación política” que permitió la excarcelación de Fujimori a cambio de que diez parlamentarios --liderados por el hijo del expresidente, el legislador Kenji Fujimori-- se abstuvieran de votar para evitar la destitución de Kuczynski.

Dos días antes del indulto, Kuczynski se salvó de ser destituido por el Congreso tras la sorpresiva abstención de los diez legisladores leales al exmandatario.

Kuczynski es investigado por la Fiscalía y el Parlamento por sus nexos con la constructora brasileña Odebrecht, de la cual recibió dinero hace más de una década mientras era primer ministro del gobierno del entonces mandatario Alejandro Toledo (2001-2006).

El indulto que liberó a Fujimori, de 79 años, ha provocado consecutivas y multitudinarias protestas en Perú.

Carmen Amaro, hermana de uno de los asesinados llamado Armando, cuyo cadáver nunca fue hallado, dijo a los jueces que no han sido escuchados por el Estado peruano y que el indulto, al cual Kuczynski se comprometió a no realizar cuando era un candidato presidencial, significaba un “insulto a la memoria y dignidad” de los familiares de los ejecutados.

Gloria Cano, una de las abogadas de los familiares, relató que el indulto se realizó en un “récord” de apenas 13 días, en comparación con el promedio nacional que “duran 111 días”. Dijo que 19 días antes del indulto se modificaron las normas para que la junta médica que recomienda los indultos otorgara “voz y voto” al médico de Fujimori.

Carlos Rivera, otro de los abogados de las víctimas, relató que Fujimori no sufría de ningún impedimento carcelario que agravara su salud.

Tenía las “mejores condiciones carcelarias de Perú y quizá de todo América Latina”, dijo. Relató que el expresidente vivía dentro de una área de 400 metros cuadrados con “visitas ilimitadas, talleres de pintura, jardín, seguro médico particular a su elección, la posibilidad de realizar reuniones políticas y hasta de realizar el matrimonio de una de sus hijas”, como ocurrió en febrero de 2010 con la boda de su tercera hija Sachi.

Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, añadió que según la jurisprudencia interamericana no es posible un indulto para Fujimori porque se “vulnera los derechos de las víctimas a ser oídas, a la protección judicial, cercenan el derecho a la verdad, promueven la impunidad y erosionan la igualdad ante la ley”.

Fujimori fue condenado en 2009 por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño de ocho años, entre 1991 y 1992 que fueron ejecutados extrajudicialmente por un grupo clandestino del ejército que usaba dinero público para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso bajo el conocimiento de Fujimori, según los jueces que lo sentenciaron. En la actualidad Fujimori vive en una mansión en un barrio rico de Lima.

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, estuvo entre el público asistente. Arroyo le dijo al diario peruano El Comercio que si la CorteIDH anula el indulto acudirán a otras instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La audiencia de la CorteIDH es parte de su Período de Ordinario de Sesiones que culmina la próxima semana. Es probable que su decisión en este caso se conozca después del 9 de febrero.