Ciudad de México.- La Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde la da mayores facultades a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para administrar las finanzas de la Hacienda Pública.

 La iniciativa tiene como objeto fortalecer la administración pública, mediante la concentración, en la Secretaría de la Función Pública, de la coordinación y conducción y coordinación de las unidades de administración y finanzas o equivalentes en los entes de la Administración Pública Federal, con excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las empresas productivas del Estado.

Asimismo, propone el rediseño del funcionamiento de los órganos internos de control, y la centralización de la política general de contratación pública en dicha dependencia, con el propósito de asegurar un acuerdo uso de los recursos públicos, con probidad y eficiencia.

La iniciativa transfiere de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la SFP diversas acciones como la coordinación y conducción de las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas; nombrar y remover a las personas de dichas áreas; concentrar en la Función Pública la planeación, conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas.

 Además, faculta a la SFP para participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público; asimismo podrá rediseñar la organización y funcionamiento de los órganos internos de control.

 Se pretende así, que la SFP tenga la capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, mediante el establecimiento de mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción.

 De igual forma, la iniciativa busca reforzar los cambios emprendidos en la presente administración en contra de la corrupción para que prevalezca el interés general en el manejo y aplicación de los recursos públicos y su eficiente fiscalización, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que establece como eje general erradicar la corrupción, dispendio y frivolidad en el sector público.

Aclara que la reforma respeta la autonomía del sector paraestatal; sin embargo, resulta imperante su coordinación bajo la óptica de la conducción austera en la esfera administrativa y el ejercicio del gasto con eficiencia y eficacia.