Por mayoría de 37 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Congreso local aprobó ayer miércoles la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, solicitado por la administración municipal de San Pedro Garza García.

El dictamen fue leído a las 13:30 por tres legisladores, el cual contempla la propuesta que presentó hace unas semanas el Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, y al que se opusieron un grupo de vecinos, y hasta el alcalde electo, Miguel Treviño de Hoyos.

Sin embargo, el dictamen no provocó discusión entre los legisladores, ya que sólo hizo uso de la palabra la diputada panista, Claudia Caballero, quien pidió apoyar el dictamen.

“La comisión ponente tuvo bien a analizar el asunto, debiéndose destacar que la propuesta que se presenta tiene como objetivo procurar y satisfacer la exigencia de que sea un órgano cercano y conocedor de las problemáticas sociales y particulares de esta municipalidad, la instancia de conocimiento y resolución oportuna y adecuada de las controversias que se susciten en la administración pública municipal y sus gobernados.

“Por esa razón, dijo, coincidimos en que los municipios se encuentran en la capacidad de crear los organismos jurisdiccionales autónomos que ejercen la función jurisdiccional de dirimir las controversias entre el municipio y sus gobernados, bajo los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad”.

El pasado 2 de octubre Mauricio Fernández presentó en la Oficialía de Partes del Congreso local la iniciativa para crear el citado Tribunal.

En esa ocasión acudió acompañado de algunos miembros del Cabildo, y dijo que estaba a tiempo de presentarla precisamente porque si lo hubiera hecho al inicio de esta administración, hubieran dicho que los magistrados estarían del lado de él. 

Mauricio propuso al Congreso crear Tribunal Administrativo y esta propuesta generó la reacción de Miguel Treviño, quien pidió, sin éxito, a los legisladores que congelaran el proyecto, ya que para que tuviera credibilidad era idóneo abrir una convocatoria y que se inscribieran los ciudadanos que tuvieran interés en participar, además de consultar a facultades de Derecho y colegios de abogados para elaborar un plan más completo.

 Sin embargo, la petición no fue atendida y el pasado lunes, con nueve votos a favor y dos abstenciones, la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local lo había aprobado y hoy lo subieron al Pleno para someterlo a aprobación de los legisladores.