El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado el primer referéndum nacional destinado a combatir la corrupción política. Sin embargo, la pregunta presentada a los votantes es vaga y no da lugar a un mandato claro. Los referendos pueden empoderar a la ciudadanía, pero también corren el riesgo de crear divisiones sociales. ¿Qué camino sigue la consulta en México?

El 1 de agosto, 93 millones de votantes mexicanos están llamados a las urnas por segunda vez en apenas dos meses. Si el 6 de junio eligieron a los representantes para los cargos locales, regionales y federales, esta vez tienen que responder a una pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes […] para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”

Es una tema central, sin duda, sobre el que nadie puede estar realmente en desacuerdo. Pero, ¿qué es lo que se debe decidir? Si se trata de investigar la comisión de delitos, la votación popular no es necesaria, porque esto ya es posible con la ley actual. Y si no fuese así, el Gobierno debería proponer la modificación de la ley sin necesidad de apelar a la voluntad popular.

La formulación ambigua de la pregunta – ¿qué, cómo y en qué plazo investigar? – dificulta el establecimiento de un mandato claro en caso de que se apruebe el referéndum y participe al menos el 40% del electorado. México, a diferencia de Suiza y como ocurre en Italia, establece un quórum de participación para que la votación sea válida.

Para añadir confusión, el presidente López Obrador ha iniciado la votación popular pero ha anunciado varias veces que votará en contra para “evitar la venganza”. Entonces, si el que impulsa la consulta votará en contra, no hay una decisión a tomar y no queda claro el mandato derivado del triunfo, ¿por qué convocarla? Resulta difícil no pensar que la consulta solo apunta a movilizar y/o mantener el apoyo popular al líder.

¿Qué tipo de democracia?

La insatisfacción con las democracias existentes crece en todo el mundo. Según los nuevos datos del Pew Research CenterEnlace externo, México encabezó la lista en 2018, con un 85% de las personas encuestadas que expresaron su descontento con el funcionamiento de la democracia en su país.

Aun así, un grupo de ONG ha criticado el documento político recientemente aprobado por el gobierno de Berna, afirmando que Suiza aún tiene trabajo por hacer, concretamente en lo que se refiere a los grupos de presión políticos y el blanqueo de dinero. Los escándalos relacionados con la banca y los negocios suizos en Taiwán, Guinea y Ecuador sustentan las críticas.

Los referendos obligatorios permiten a los ciudadanos y ciudadanas votar sobre cambios constitucionales y otras cuestiones fundamentales, mientras que los referendos facultativos (opcionales) les permiten vetar y someter a votación popular la legislación aprobada por el Parlamento. Las iniciativas y los referendos en Suiza funcionan como contrapesos y válvulas de escape en la toma de decisiones. 

Sin embargo, las votaciones populares son también un instrumento muy defendido por los líderes populistas y autocráticos. En cierto sentido, Suiza es uno de los países más populistas de Europa: la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora), contraria a la inmigración, es el partido más votado del país, con un fuerte sesgo antielitista y nacionalista.

Al mismo tiempo, el descontento popular se expresa a menudo a través de iniciativas y referendos, lo que contribuye a que Suiza sea una de las democracias más estables, participativas y prósperas del mundo. Esto sugiere que la democracia directa podría estar funcionando como un instrumento para canalizar demandas y/o desactivar el descontento y el populismo. ¿Podría México seguir este camino?

¿Empoderar a los más débiles?

México ha sido el último país de América Latina en regular formalmente mecanismos de democracia directa, a pesar de que ya habían sido introducidos en la normativa en todos los estados mexicanos. El ‘Navegador de la Democracia Directa’ enumera no menos de 261 herramientas diferentes de democracia directa Enlace externoen todos los niveles políticos.

Sin embargo, en el ámbito nacional, no se puede informar de ninguna práctica hasta el momento, más allá de algunas consultas informales. El ejemplo más conocido fue la consulta sobre la interrupción de la construcción del nuevo aeropuerto. Por lo tanto, no es de extrañar que las normas hayan sido criticadas por existir solo sobre el papel.

Además, la mayoría de los sistemas latinoamericanos se definen como presidencialismos fuertes. En ellos, los mecanismos de democracia directa en manos de los Ejecutivos conllevan un alto riesgo de desequilibrar el campo entre las distintas posiciones y generar desavenencias a menudo más vinculadas al apoyo o al rechazo del gobierno que al tema que se discute en una consulta.

En Suiza, como se observó en la votación del 13 de junio y en tantas otras anteriores, el Gobierno no puede iniciar una votación y suele desempeñar un papel más reactivo. Aunque la gran mayoría de las iniciativas ciudadanas (en 2018 la tasa de éxito era del 10,5%) y los referendos son derrotados en las urnas, tienen fuertes efectos indirectos ya que ponen los temas en la agenda pública y promueven el acercamiento de posturas mediante la negociación.

Sería erróneo sostener que las votaciones son principalmente una herramienta utilizada por la ciudadanía más vulnerable -las iniciativas que llegan a las urnas son promovidas por organizaciones que logran obtener recursos económicos y organizativos para lanzarlas-, pero abren el juego político a actores que en otros países no cuentan con mecanismos formales para influir en la elaboración de políticas.

Todavía queda mucho camino por recorrer

El caso mexicano claramente no cumple con el requisito de empoderar a la ciudadanía. Hasta ahora, ninguna propuesta de recolección de firmas ha prosperado porque fueron declaradas inconstitucionales. Esta vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por adaptar la pregunta original presentada por el López Obrador, que llevaba los nombres y apellidos de los últimos presidentes del país, lo que es inconstitucional. La Corte, en un acto que ha generado gran controversia, reformuló la pregunta, alterando su sentido inicial.

El presidente intentó cambiar el calendario electoral para hacer coincidir la consulta con las elecciones, lo que le habría permitido participar aún más directamente en la campaña del pasado 6 de junio. No fue autorizado. Ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) afirma que no tiene fondos para organizar y llevar a cabo adecuadamente el referéndum del 1 de agosto en México. Lamentablemente no es un buen comienzo. Queda un largo camino por recorrer para que el país establezca un proceso de iniciativa y referéndum moderno y robusto a nivel federal, en la práctica.