Internacional

En España empresas quieren despedir obreros por Covid-19; el gobierno advierte que puede nacionalizar

 

 

El miedo estaba ya latente, pero el vicepresidente Pablo Iglesias, lo desató estrepitosamente a última hora de la tarde del domingo: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)», dijo en Twitter. Inmediatamente las alertas saltaron en el mundo empresarial ante la posibilidad de que el Gobierno pueda sobrepasar, con los poderes plenos que le otorga el estado de alarma, líneas rojas hasta ahora respetadas. La banca -incluida como actor público a través de Bankia en el programa electoral de Unidas Podemos- y los suministros, en especial energéticos, son los sectores más preocupados.

El temor a una intervención mayor del mercado es un hecho entre los empresarios del Ibex y el mundo económico. También la oposición criticó ayer duramente que un vicepresidente se dedique a insuflar más inseguridad a la sociedad en un momento en que la situación ya es extremadamente incierta. Pablo Casado lamentó la «deriva» del Gobierno de Sánchez hacia las tesis de Unidas Podemos e instó al jefe del Ejecutivo a dejar de lado las agendas «radicales». «No estamos para hacer ingeniería social, no estamos para asaltar los cielos. Estamos para acabar con el virus y rescatar a una economía que puede causar estragos», advirtió el líder del PP, informa Mariano Calleja.

Un miembro del consejo de administración de varias compañías, que solicita guardar el anonimato, se muestra tajante: «Lo que está ocurriendo es muy grave. Lo malo no es que intervengan empresas, sino que se intervenga el mercado. Y de hecho ya han empezado a hacerlo con la prohibición de los despidos». El mercado deber ser «vigilado y regulado» para que sea «eficiente y no genere desigualdades», pero nunca intervenido: «Eso es Venezuela».

Este tipo de medidas, asegura la misma fuente, son contraproducentes porque generan una distorsión muy fuerte en el funcionamiento de la economía: «¿Qué va a pasar cuando una empresa quiera despedir y no pueda? Tendrá que acogerse a un concurso de acreedores y en vez de ir cinco personas a la calle irá toda la empresa». El economista y presidente de la patronal logística, Francisco Aranda, asegura que se ha puesto en marcha una «política antiempresarial»: «La única medida que nos quedaba a las empresas para sobrevivir que era poder adaptar nuestra fuerza laboral, ha sido gravemente bloqueada desde el Estado. La actitud es tan lesiva que si no se tratara de una decidida política antiempresarial, sólo se puede achacar a una monstruosa falta de conocimiento de la realidad».