México - Por los lazos históricos y de solidaridad que nos han unido a lo largo de la historia, por los miles de venezolanos que han tenido que emprender el camino de la emigración hacia Colombia para huir de la brutal crisis social y económica, tenemos que registrar los acontecimientos recientes, que ponen al hermano país en camino de convertirse en una dictadura –si no es que ya lo es–, por culpa de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de retirarles la inmunidad a los diputados y, más grave aún, usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.
Esto ocurrió en marzo de 2017 y el argumento del más alto tribunal de la justicia venezolana, es que el actual Poder Legislativo, elegido por el voto ciudadano en unas elecciones realizadas en diciembre del 2015 y en las que se impuso ampliamente la oposición, está en desacato.
Este desacato fue denunciado por tres diputados, argucia que ha servido para anular las decisiones del Legislativo, someterlo al ostracismo y darle superpoderes al presidente Nicolás Maduro.
Con esto se configuró una evidente violación al Estado de derecho y de la separación de poderes, y un claro desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo. Se ha dicho que ha sido un Golpe de Estado propiciado por el propio gobierno.
Un mes después, en abril de 2017, Venezuela vivió una nueva ola de protestas que derivaron en enfrentamientos entre opositores, fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno, así como desórdenes en varias ciudades del país.
Se trató de las mayores protestas registradas en el país desde diciembre de 2014, cuando la oposición salió por una de las primeras ocasiones a las calles para demandar "la salida" del presidente Nicolás Maduro. Los enfrentamientos que tienen hoy en día la oposición y el gobierno de Venezuela son denominados "La madre de todas las marchas".
Los opositores mantienen su posición de que seguirán en las calles hasta conseguir sus objetivos, entre los que se destaca la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas y la liberación de los presos políticos.
El gobierno asegura que las protestas forman parte de un intento golpista. Hasta hace unos días, estas lamentables zacapelas han dejado varias decenas de muertos, incluyendo nueve personas que murieron electrocutadas durante el saqueo de una panadería en Caracas.
Trataré de hacer un recuento de la situación:
La nueva ola de protestas tiene una clara fecha de partida: el 31 de marzo de 2017. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia encendió la mecha. Este Tribunal Supremo de Justicia, al que la oposición considera afín al gobierno de Nicolás Maduro, emitió una sentencia que le permitía ejercer las competencias de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- mientras ese órgano se mantuviera "en desacato".
Durante tres días Venezuela fue estremecida por las frases "del autogolpe" a las "aclaraciones de oficio". El gremio periodístico en Venezuela salió a la calle para protestar por la falta de materia prima y los constantes ataques a los medios de comunicación, y apostaron por un periodismo sin censura.
La situación de desacato de la Asamblea había sido dictada por el propio TSJ luego de que el parlamento decidiera incorporar, en agosto de 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Y el TSJ ya consideraba nulas las actuaciones del Parlamento, que luego de esos comicios pasó a ser controlado de la oposición por primera vez la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, por lo que en opinión de muchos analistas la nueva sentencia no cambiaba significativamente la situación.
¿Es el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia el fin de la separación de poderes en Venezuela? Para la oposición, sin embargo, la decisión del máximo tribunal representó la prueba definitiva del rompimiento del orden democrático en Venezuela y de su disposición a pasar por encima de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas.
¿Cuál es el problema de fondo?
El trasfondo de las protestas es una prolongada crisis económica, que ha colocado a la mayoría de los venezolanos en una situación mucho peor que la que ya vivían en 2014.
La caída de los precios del petróleo -que se estima representa el 96 por ciento de las divisas que necesita Venezuela- ha seguido mermando los ingresos del Estado y agudizando cada vez más la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad. Venezuela tiene la mayor inflación del mundo.
Eso ha generado un desabastecimiento casi crónico, lo que unido a la mayor inflación del mundo ha provocado que buena parte de la población tenga problemas para acceder a la comida. Y, según las encuestas, la crisis se ha traducido en una caída en la popularidad del presidente Maduro, una de las razones por las que la oposición insiste en unas elecciones adelantadas como la mejor solución.
¿Qué pide la oposición?
La principal demanda de la oposición es que se adelanten las elecciones presidenciales, originalmente previstas para octubre de 2018.
Pero también se pide la celebración de las elecciones regionales que deberían haber tenido lugar el año pasado, así como los comicios municipales que según el calendario electoral deberían tener lugar este 2017.
¿Qué dice el gobierno?
El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado a las acciones de la oposición venezolana como una ofensiva golpista, y a las denuncias de excesos en la represión policial por parte de la oposición, el Ejecutivo ha respondido acusándolos de fomentar la violencia, de "terrorismo" y de querer preparar el terreno para una intervención extranjera.
El mandatario, sin embargo, también llamó a los líderes opositores a iniciar un diálogo "para que después no se quejen".
Y durante su habitual programa televisivo de los domingos, el presidente respaldó la idea de realizar elecciones para alcaldes y gobernadores, aunque no mencionó comicios presidenciales.
"Estoy ansioso porque vengan las elecciones de gobernadores y cuando se venzan las de alcaldes vengan las de alcaldes, ansioso, porque nuestro terreno natural es la lucha de ideas (en el campo) electoral", dijo Maduro.
¿Cuáles son los posibles escenarios hacia adelante?
La posibilidad de unas negociaciones que arrojen resultados concretos como la definición de un calendario electoral o incluso la liberación de algunos de los políticos de oposición actualmente bajo arresto no puede descartarse completamente.
Pero la experiencia fallida del diálogo de 2014 ciertamente alimenta el escepticismo, por lo que es bastante probable que aunque se siente en la mesa de negociación la oposición no renuncie completamente a la calle.
El escenario más viable a corto plazo es el de la continuación de las protestas.
Y, en estos momentos, parece poco probable que el gobierno acceda a la celebración de elecciones presidenciales adelantadas, una condición que para la oposición es irrenunciable.
Así, un segundo escenario de prolongación de las protestas y la violencia parece bastante más probable, al menos en el corto plazo.
Por si todo lo anterior fuera poco, recientemente ha surgido un enfrentamiento entre la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y Nicolás Maduro.
La jefa del Ministerio Público, una antigua aliada del proceso bolivariano, impulsa con vigor el desafío legal a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente. La desunión del chavismo crítico y la oposición aglutinada en la empieza a hacerse evidente. Ambos sectores parecen decididos a aliarse para forzar la salida de Maduro.
La primera prueba de que la fiscal, una antigua aliada del proceso bolivariano, y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acercan posturas ocurrió hace unos días. La oposición convocó a sus seguidores a presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que formaran parte del argumento de la fiscal.
La Sala Electoral del Supremo, que controla el régimen, no admitió la petición de la fiscal por "inepta acumulación de pretensiones", es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos órganos de los poderes públicos.
De inmediato, la fiscal replicó con tres solicitudes que demuestran que la fractura con el gobierno es definitiva:
1.- Un antejuicio de mérito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro.
2.- Una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos.
3.- La desincorporación de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en los estertores del anterior período de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, y cuando ya se conocía que la MUD tomaría control de ese poder público.
