El proyecto de ley dado a conocer el viernes pasado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes (HNRC, por sus siglas en inglés), el HR 5278, en donde supuestamente se le proporciona a Puerto Rico con un mecanismo de reestructuración de su deuda para evitar la horrible crisis humanitaria, es una verdadera obscenidad. Su característica central es el chantaje: Puerto Rico solo puede reestructurar su deuda si acepta una junta de control financiero draconiana de tres años, seis de cuyos siete miembros van a ser seleccionados por Barack Obama.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla dijo hoy que la junta de control que despoja al gobierno y Congreso de Puerto Rico de cualquier poder para determinar asuntos financieros y presupuestales, es "inaceptable" y viola el "autogobierno" de la isla. Este proyecto de ley, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, exige que "seamos prisioneros en nuestra propia tierra, diciéndonos que no podemos usar ningún mecanismo para reestructurar la deuda e imponiéndonos a la vez... una junta que nos va a decir cuándo podemos entrar o salir de la prisión". Comparó esto con el encarcelamiento por deuda de los siglos 18 y 19, informó El Nuevo Día.
El presidente del HNRC, Rob Bishop (republicano por Utah) dijo que presentará el proyecto de ley a la comisión para su votación la próxima semana y después al pleno de la Cámara de Representante el mes próximo. Pero dentro de la comisión siguen las peleas y no existen garantías de que el proyecto de ley sea siquiera aprobado ahí.
Según el resumen de la HNRC de la Ley de Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por siglas en inglés), la junta de control tiene "control exclusivo" sobre las finanzas de la isla. El gobierno tiene que producir un "plan fiscal" que la junta se va a encargar de ejecutar. La junta tiene autoridad plena para hacer que se cumpla con presupuestos equilibrados y reformas al gobierno, si no lo hace por sí mismo el gobierno de la isla, y puede hacer que se vendan activos del gobierno y reducir el tamaño de la fuerza laboral. ¿En suma? PROMESA mantiene "la supremacía por sobre cualquier ley territorial o regulación que no sea congruente con esta ley" y puede "impedir la ejecución de leyes, órdenes ejecutivas, regulaciones, reglamentos y contratos que socaven las iniciativas de crecimiento económico o que violen (esta) ley". Una de las disposiciones reduce el salario mínimo a $4.25 dólares la hora para los jóvenes menores de 25 años.
El proyecto de ley especifica que "las prioridades de deuda preexistentes" tiene que ser respetadas y que la junta de control, "bajo su criterio exclusivo" determinará cuales son los organismos públicos que podrán siquiera ser "certificadas" como deudores, después de que cumplan con un conjunto de condiciones severas.
