El expresidente Donald Trump anunció este viernes que pronto presentará una “importante moción” tras la redada del FBI a su complejo turístico de Mar-a-Lago.

“Pronto se presentará legalmente una importante moción relativa a la Cuarta Enmienda relacionada al allanamiento ilegal de mi casa, Mar-a-Lago, justo antes de las siempre importantes Elecciones de Medio Período”, escribió Trump en Truth Social, menos de dos semanas después de que el FBI realizara una redada a su resort en Mar-a-Lago en busca de supuestos documentos clasificados.

“Mis derechos, junto con los derechos de todos los estadounidenses, fueron violados a un nivel raramente visto antes en nuestro País”, dijo Trump a continuación. “Recuerden que incluso espiaron mi campaña. La mayor Caza de Brujas de la historia de EE. UU. lleva seis años, sin consecuencias para los estafadores. No se debe permitir que continúe”.

El anuncio de Trump, de concretarse, representa el primer movimiento jurídico importante del expresidente después de que los federales realizaran una redada a su casa de Florida. Hasta el momento no está claro a quién planea demandar Trump, pero el Departamento de Justicia (DOJ), específicamente el Fiscal General Merrick Garland —quien dijo que “aprobó personalmente” la orden judicial— probablemente estaría entre los demandados.

La Cuarta Enmienda establece que “el derecho del pueblo a estar seguro en sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no será violado y no se emitirá ninguna Orden Judicial, sino bajo causa probable, apoyada por Juramento o afirmación, y describiendo particularmente el lugar que será registrado y las personas o cosas que serán incautadas”.

Una información clave para la demanda de Trump sería la orden de allanamiento ejecutada por los agentes del FBI en la redada, que fue desclasificada por el juez magistrado designado por Obama, Bruce Reinhart, tras las peticiones tanto del abogado de Trump como del Departamento de Justicia. La orden muestra qué artículos los agentes estaban autorizados a incautar, dónde estaban autorizados a allanar en la operación y las leyes que los agentes federales perseguían al ejecutar la orden.

Incautación autorizada

Si bien la orden judicial no precisa qué causa probable estableció el FBI para llevar a cabo la redada, la orden autoriza la incautación de “todos los documentos y registros físicos que constituyan pruebas, contrabando, frutos del delito u otros artículos poseídos ilegalmente” que los agentes consideren que habían violado el Código de Estados Unidos. Entre los diversos objetos que los agentes federales incautaron en el complejo turístico de Trump en Florida figuran 26 cajas de material no identificado, “varios documentos clasificados/TS (altamente secretos)/SCI (información confidencial compartimentada)”, carpetas con fotos, un regalo y otro material clasificado.

Mientras tanto, otra pieza clave de información en la demanda de Trump sería la declaración jurada de la orden judicial, que permanece clasificada. La declaración jurada mostraría la causa probable que los agentes establecieron ante Reinhart, lo que daría más información sobre por qué el DOJ sintió la necesidad de hacer una redada a la casa de un expresidente, a pesar de las consiguientes ramificaciones políticas.

El equipo de Trump pidió al tribunal que publique la declaración jurada de la orden de registro “sin tachar”, mientras que el DOJ entregó una presentación judicial que intenta mantener la declaración jurada completamente clasificada. Por su parte el juez ordenó al gobierno producir una versión tachada de la orden el 18 de agosto.

Una orden judicial demasiado “general”

Aunque el argumento exacto del equipo de Trump no está claro en este momento, algunos comentaristas legales indican que la orden ejecutada por el FBI en su operación de registro y confiscación en Mar-a-Lago es demasiado general, fallando en el requisito de la Cuarta Enmienda de que las órdenes judiciales necesitan cumplir con un cierto nivel de especificidad.

Jeffery Clark, exfiscal general adjunto de la División Civil bajo el mandato de Trump, escribió en Twitter que la amplitud de la orden es “impresionante”.

Específicamente, él señaló a una declaración sobre el “Anexo B” de la orden judicial: “[c]ualquier registro gubernamental y/o presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021” será objeto de incautación si el agente lo considera relevante como “evidencia, contrabando o frutos del crimen”.

Esta declaración, escribió Clark, hace que la orden sea exactamente el tipo de orden general que los “Forjadores aborrecían y trataban de prohibir en la Cuarta Enmienda”, señalando dos casos históricos citados con frecuencia por los tribunales estadounidenses —Wilkes vs. Wood y Entick vs. Carrington— que, según él, “inspiraron” la prohibición, en virtud de la Cuarta Enmienda, de las órdenes demasiado generales.

Además, Clark escribió que la orden judicial está “socavada por su momento” y, por esta razón, tiene un motivo político subyacente.

“Dado que los funcionarios [federales] habían estado en Mar-a-Lago para inspeccionar los documentos allí, ya sabían que había documentos [presidenciales] allí, y lo han sabido durante [meses]”, dijo Clark. “La naturaleza política de [la] redada [es] clara porque esperaron a buscar lo que sabían que YA ESTABA ALLÍ hasta justo antes de las elecciones de medio período”.

Andrew McCarthy, un exfiscal adjunto de Estados Unidos, compartió un sentimiento similar en el programa The Big Saturday Show de Fox New.

“Esta orden es muy abierta y muy desafiante en el requisito de la Cuarta Enmienda de que la orden describa específicamente las cosas que los agentes están autorizados a incautar”, dijo McCarthy el 13 de agosto

“Esta es una orden general. Esto es básicamente lo que la Cuarta Enmienda pretende evitar”, indicó McCarthy. “Cada fragmento de papel que fue generado por la administración Trump puede ser recogido bajo esta orden. No tiene que haber ni un ápice de conexión con información clasificada o inteligencia clasificada”.

Por esta razón, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, estará “arrepentido” de anunciar que aprobó personalmente la orden que ejecutaron los agentes, dijo por su parte el comentarista.

Los estadounidenses merecen saber

Jenna Ellis, abogada constitucionalista y exasesora principal del expresidente, dice que Trump tiene “toda la razón al hacer valer sus derechos constitucionalmente protegidos” al presentar la demanda.

“El presidente Trump tiene toda la razón al hacer valer sus derechos constitucionalmente protegidos y pedir a la Corte que detenga inmediatamente la revisión de los documentos, que nombre a una autoridad especial y que exija al Departamento de ‘Justicia’ que muestre la causa de su redada irrazonable, irregular y políticamente motivada”, dijo Ellis en una declaración a The Epoch Times en respuesta al anuncio de Trump.

“Los estadounidenses merecen saber cómo están operando sus propias fuerzas de seguridad y con qué reglas”, indicó la abogada. “Si el fiscal general Garland realmente quiere siquiera intentar restaurar la legitimidad en la credibilidad del FBI, tiene que responder por esto”.

“Nadie está por encima de la ley, pero absolutamente nadie está por debajo de la ley en Estados Unidos, incluso si su apellido es Trump”, dijo Ellis. “Todos los que se apellidan Trump y están asociados a Trump han sido blanco de las fuerzas de seguridad y de los demócratas y han sido acosados durante seis años. Esto tiene que parar”.