La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y obtuvo vinculación a proceso en contra de José Antolino Orozco Martínez, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien supuestamente estuvo implicado en el desvío de más de 77 millones de pesos a través del esquema de la la Estafa Maestra.
Orozco Martínez es identificado como uno de los ex servidores públicos que habría informado por escrito y de manera verbal sobre las irregularidades en contrataciones a la entonces titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga.
Según las investigaciones, José Antolino Orozco Martínez suscribió contratos de servicios de forma ilegal con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en septiembre de 2014, cuando era director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol.
Pero sus acciones causaron un daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 77 millones 847 mil 014 pesos con 40 centavos. Pues el Estado no obtuvo las mejores condiciones del servicio y se violaron principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.
La universidad morelense subcontrató el 93.98% de todo cuanto se comprometió según el pago recibido y no cumplió con el convenio. De acuerdo con las indagatorias, el trabajo sería conocer la opinión de los beneficiarios de la Sedesol en relación con el trato recibido por personal encargado de la aplicación y distribución de diversos programas sociales.
Orozco Martínez fue arrestado a finales del reciente mes de septiembre por la Policía Federal Ministerial, pero su audiencia inicial se prolongó porque la defensa solicitó el diferimiento para presentar un dictamen pericial.
Al reanudarse el proceso, el juez determinó vincular a proceso al imputado y mantenerlo en prisión preventiva oficiosa en tanto se cumpla el plazo de 60 días naturales para el cierre de las investigaciones complementarias.
En febrero de 2019 se reportó que la firma del ex funcionario fue falsificada para autorizar dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas, cuyo monto ascendió a 206 millones de pesos, pues Orozco Martínez también fue titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Sin embargo, tres meses después de este informe, la FGR desistió de la imputación en contra de este personaje para fortalecer las investigaciones, aunque eso no significaba una exoneración.
Ya en agosto de 2019, el testimonio del implicado fue utilizado, junto con los de Marcos Salvador Ibarra Infante y María del Carmen Gutiérrez Medina, quienes llegaron a un acuerdo para cooperar con la dependencia ministerial y, así sostener que Rosario Robles sí estuvo enterada de la triangulación de recursos públicos en Sedatu y Sedesol.
