“No esperamos ningún cambio fiscal…, hay que cumplir las promesas”, fue lo que declararon el 4 de septiembre los señores Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Luis Niño de Rivera, de la Asociación de Bancos de México, y Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Con toda razón, hoy se sienten defraudados y han manifestado, junto con analistas y voces opositoras, su inconformidad con el proyecto de Ley de Ingresos presentado por el gobierno federal como parte del Paquete Económico 2020.

Esto es sumamente delicado, si consideramos que el proyecto de Presupuesto de Egresos reduce a su mínima expresión la inversión pública, abandona los programas de apoyo a la productividad y apuesta a las transferencias directas en materia social y a los renglones menos rentables de Pemex.
En otras palabras, se reduce el presupuesto productivo para financiar los programas sociales y de infraestructura física del Ejecutivo federal, pero no les alcanza y el resultado, por ahora, es una virtual recesión económica interna que converge con la desaceleración global.

Así, la miscelánea fiscal presentada al Congreso representa una vuelta de tuerca más a la vocación improductiva de la política económica de esta administración, ahora con ingredientes francamente regresivos, recaudatorios e inquisitoriales.

Miente Morena y su gobierno, pues bajo la consigna populista de que no se aumentarían los impuestos hasta la segunda mitad del sexenio, de manera oculta y tramposa, ahora se pretende cobrar nuevos impuestos a las amas de casa y hombres que venden productos por catálogo para completar sus ingresos familiares y pagarán nuevos impuestos, quienes tienen la necesidad de transportarse y lo resuelven con plataformas digitales.

Van a cobrarse nuevos impuestos a quienes utilizan las plataformas digitales para acceder a diversos servicios y para su entretenimiento, y a quienes por necesidad rentan su casa o departamento, sea mediante plataformas digitales o un contrato directo entre arrendador y arrendatario.

Se cobrarán nuevos impuestos a quienes tienen la necesidad de viajar al extranjero por cualquier motivo y, fíjese usted, pagarán más impuestos quienes tienen sus pequeños ahorros en el banco, impactando “mucho más severamente a las personas de menores ingresos” con una tasa de 48% sobre el rendimiento real de su dinero, “mucho mayor que el impuesto más alto que pagan las personas que más ingreso tienen, que es de 35%”, según la propia ABM.

A estas afectaciones a la economía popular se suman otras que desalientan la inversión y generan inseguridad jurídica, mediante la regla de la llamada “recaracterización” que criminaliza al contribuyente, la modificación a las reglas de responsabilidad solidaria de accionistas de una sociedad anónima, la cancelación arbitraria de sellos fiscales y el tope a la deducibilidad de intereses. 

Estamos ante la evidencia de que la administración pública federal busca una miscelánea fiscal recaudatoria y regresiva, mientras elude la necesidad de pactar responsablemente una reforma fiscal gradual, progresiva y de fomento, y trata de llegar al 2021 con una economía prendida de alfileres con tal de ganar las elecciones y, luego, imponer una reforma a fondo, tarde y en las peores condiciones económicas.

Ojalá que el ejercicio de Parlamento Abierto, desarrollado al efecto en la Cámara de Diputados, no sea en vano y que la Cámara de Senadores pondere mejor las expresiones de diversas organizaciones, expertos y de la oposición, antes de que el 2020 se convierta en una pesadilla.

Secretario general de la CNOP.