La iniciativa Privada condenó “el poco control” que el Estado tienen sobre los penales en Nuevo León, precisó los puntos críticos del actual gobierno a quien le demandó total atención y no desviarse en la recolección de firmas que denotan las condiciones en que la entidad está.

  Lo sucedido en Cadereyta  evidencia la crisis penitenciaria y el problema estructural que se enfrenta  que   se suma a cuatro sucesos  registrados anteriormente en los tres penales de la entidad durante estos  dos años del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

Preocupa  el uso de la fuerza para intervenir y  la tardía de la intervención en una jornada violenta que se prolongó por  17 horas además de  un deficiente protocolo para atender a los familiares de los internos quienes exigían información.

Nuevo León enfrenta retos importantes como éste que requieren de la total atención del gobernador Jaime Rodríguez y su gabinete. Es por eso que las autoridades no deben andar dedicando su atención y tiempo en una campaña de recolección de firmas mientras se detonan este tipo de crisis.

“Desde la sociedad civil organizada lamentamos la pérdida de vidas tras el motín registrado en el Penal de Cadereyta y condenamos los hechos que evidencian el poco control que tienen las autoridades estatales al respecto” precisa el Consejo Cívico de las Instituciones en un comunicado que envió esta mañana.

Resaltó los momentos críticos del gobierno de Rodríguez Calderón como:

? En los dos años de la actual administración se han registrado 73 decesos de internos por hechos violentos en los penales de Nuevo León, frente a las 67 muertes en seis años de la pasada gestión estatal.

? La primera obligación del Estado garantizar la integridad física y dignidad de las personas internadas en los penales.

? Es necesario que la autoridad competente informe a familiares de manera oportuna y clara sobre la situación de los internos del penal. Y en su caso el debido acompañamiento a quienes perdieron a su familiar.

? Exigimos a las autoridades de Nuevo León deslindar responsabilidades a través de una investigación objetiva y seria sobre los hechos violentos en el Penal de Cadereyta, siempre apegadas a derecho.