Luego del motín de 1980 en el Penal de Topo Chico, la prensa y los nacientes grupos de promoción de los Derechos Humanos hicieron de las penitenciarías mexicanas su preocupación. Porque el Penal de Topo Chico, por ejemplo, estaba lleno hasta el tope con 300 reos. El diagnóstico fue que todos los presidios del país eran insalubres, estaban hacinados, con reclusos en condiciones indignas, y se violaban los Derechos Humanos. Por eso en todo el territorio nacional inició la construcción de nuevos centros de reclusión como el Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato; el Cereso de Zacatecas, el de Yucatán, y otros.
En el Penal de Topo Chico, después del motín, se dió acceso a varios medios de comunicación. Las notas fueron que en el interior había una especie de pueblito, con puestos de comida, de ropa y de cigarrillos; expendios de carne, billetes de lotería, y banquillos para bolear. En cuanto a los reclusos, nadie usaba uniforme y se veían extremos de reos en harapos, versus algunos de ropa fina, sombreros y botas.
Se mejoran las condiciones de vida de los reclusos
Se realizaron las siguientes mejoras: la construcción de dormitorios adicionales para atenuar el hacinamiento, canchas de béisbol, basquetbol, voleibol y fútbol de buena calidad. Sin embargo, pronto aparecieron algunos departamentos de lujo para los empresarios y defraudadores fiscales presos, que al paso del tiempo serían utilizados por los capos de la delincuencia organizada que cumplirían sus condenas.
En 1985 se iniciaron programas de educación media y superior operados por la UANL y universidades particulares, como la UR y la UDEM, aplicando planes de estudios de la UANL. Los alumnos -dirigidos por maestros- hacían su servicio social dando clases en el Penal a otros reos de diferente nivel académico. Hubo presos que obtuvieron sus certificados de preparatoria, preparatoria técnica y algunos de ellos, orgullosamente títulos de profesionistas.
Deja de ser obligatorio el trabajo para los reos
Pero en esa década de los años ochenta, el cuarenta por ciento de los reos no estaban sentenciados y convivían con quienes sí lo estaban. En 1986 había: carencias sanitarias y presencia de sarna; riñas habituales -algunas con saldos mortales-, y suicidios. Además, los reos se quejaban de que en los talleres se pagaban sueldos inferiores al salario mínimo, por lo que se modificaron los reglamentos para convertir el trabajo en voluntario, lo cual incrementó la vagancia y los negocios ilícitos al interior del Penal de Topo Chico.
Operaba una capilla católica, con su propio capellán y ante el aumento de la diversidad religiosa, en 1986 uno de los presos fue capacitado para predicar la palabra como Ministro de los Testigos de Jehová. En los últimos días del Penal, operaban más de doce denominaciones cristianas formales, además del críptico culto a la Santa Muerte.
Reclusos famosos
En el año de 1986 un uruguayo, Jorge Bochkavior “El Ruso”, sujeto de alto coeficiente intelectual y tres cómplices más, secuestraron de su colegio al niño Hernán Marcelo Villarreal Urrutia. Lo llevaron a la carretera nacional, cerca de El Barrial lo ultimaron y tiraron a una noria, mientras exigían el rescate a la familia. Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas encontraron su cuerpo, y pronto los asesinos fueron capturados en Ciudad de México.
Estos criminales fueron juzgados en Monterrey, e internados en el penal del Topo Chico. Bochkavior logró escapar y recapturado casi inmediatamente, siendo trasladado al penal de Apodaca, de mayor seguridad. El Ruso no cumplió los 57 años de su sentencia, porque murió en un penal del estado de Morelos en 2013, a donde fue trasladado debido a su alta peligrosidad.
En 1992 a un aparentemente exitoso vendedor de autos lo denunciaron 2 mil 500 personas por un monto indeterminado que rebasaba los 50 millones de pesos. Fue capturado junto con otros miembros de su familia, a los cuales exoneró asumiendo toda la culpa. El famoso vendedor de autos fue maestro de educación secundaria en el penal y benefactor de muchos reos; pasó doce años en prisión, sin devolver el dinero.
En 1997 un popular banquero regiomontano fue internado en el penal condenado por fraude y evasión de impuestos, y por sacar ilegalmente del país 179 millones de dólares a las Islas Caimán y Paraguay. Purgó 8 años de prisión y fue liberado porque sus demandantes le otorgaron el perdón judicial. Su perfil de empresario, promotor cultural y deportivo, hizo que su proceso fuera seguido por miles de nuevoleoneses.
En 2004 fue ingresado al penal y fichado Miguel Nassar Haro, ex director de seguridad federal, acusado de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y otros miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Aquí era conocido por su actuación en el primer motín del año 1980 (ver LEB, El Penal de Topo Chico, tercera parte). Pero debido a su avanzada edad -70 años- fue trasladado a la Ciudad de México para cumplir con un arresto domiciliario, y después fue declarado inocente.
A lo largo de muchos años, en la torre central más alta del Penal de Topo Chico, un sujeto apodado El Águila -ignoro su nombre- vivió aislado y sólo bajaba a comer. Había ingresado a finales de los años sesenta por haber cometido un asesinato en una riña y, ante el temor de represalias, voluntariamente se recluyó en soledad en esa alta torre.
Dentro del penal había torneos de fútbol, softbol y de beisbol. Desde 1989 los internos cuyas edades mediaban entre los 18 y 25 años participaban en torneos de fútbol con las universidades locales, y los adultos en torneos con los equipos de softbol de las empresas.
En el año 2000 el Gobierno del Estado dotó de computadoras a los centros educativos del Penal de Topo Chico, y años más tarde los fue dotando de internet. En 2005 se ampliaron y modernizaron las áreas educativas del penal; la enfermería, las salas de visita, y se modernizaron los métodos de identificación criminales, digitalizando los registros, que permitieron una mayor seguridad en la identidad de los reclusos.
Inicia la Guerra nacional contra el narco
La Guerra contra el Narcotráfico fue una buena idea con pésima ejecución. Iniciada en el año 2006 intentaba disminuir el número de delincuentes organizados en México que se calculaban 300 mil, más otro tanto de delincuentes no organizados. En esa cruenta guerra murieron 80 mil delincuentes y se capturaron a otros 60 mil, pero las bandas criminales parece que las “podaron” porque continuaron creciendo, y hubo muchos muertos inocentes, o como se dice en el argot militar “daños colaterales”.
El sistema penitenciario mexicano, hasta antes de 2006, tenía capacidad para 80 mil reos y solo había 60 mil, pero ya en 2008, las cárceles se saturaron y en 2010 había 120 mil reclusos. Los grupos criminales fueron adueñándose de los reclusorios en la medida de que iban superando las fuerzas carcelarias. Ocupaban las instancias de mando con corruptelas en contubernio con autoridades penitenciarias o amenazándolas de muerte. En el año 2008 colapsó el sistema penitenciario mexicano.
El Penal de Topo Chico también se enfermó de ese cáncer que arrasa con las instituciones. Casi siempre había algunas autoridades penitenciarias corruptas, pero de pronto las mafias tomaron el control de los Penales, lo que indica que repartían “estímulos crípticos” a celadores y funcionarios.
Inicia periodo crítico de inseguridad y se refleja en Penal de Topo Chico.
En 2008 había quejas de que se permitía a los reos introducir mujeres -o tomarlas del Penal Femenil-, alcohol, drogas e incluso de que salían a delinquir por las noches y de tener un “call center” para extorsionar telefónicamente a familias en el exterior. Esto además del cobro a los internos a cambio de seguridad e incluso de acceso a visitas y alimentos.
El 31 de diciembre de 2010 un médico firmó el traslado de una mujer -Gabriela Muñiz Tamez- detenida acusada de secuestro, para ser atendida en el Hospital Universitario. En un peliculesco operativo, la ambulancia fue detenida por civiles armados que colgaron a la mujer en un puente peatonal.
El crecimiento poblacional obligó a que el gobierno ampliara ficticiamente la capacidad del Penal, “ampliándolo” con más dormitorios y más literas, pero todo en el mismo espacio, recrudeciendo el hacinamiento y los enfrentamientos de los internos por los escasos espacios comunitarios.
Se preparaba cíclicamente una visita de jueces penales y magistrados para cerciorarse del estado en que estaban los reclusos, y que éstos pudieran quejarse de viva voz. Con todo ese “camuflaje” de disminuir el tamaño de los dormitorios, en el año 2011, el Penal de Topo Chico tenía capacidad para albergar a 2 mil 944 reclusos, pero al momento de la “visita”, entre julio y agosto, eran 4 mil 524 los reos.
En 2012 el Penal tenía capacidad para 3 mil 282 reclusos, y en “la visita” había 5 mil 334. En 2013, con una capacidad para 3 mil 273 reclusos, al momento de “la visita” había 5 mil 074 reos. En 2014 con una capacidad de 3 mil 635 reclusos, en “la visita” estaban 4 mil 547. En 2015 el Penal tenía una capacidad para 3 mil 685 reclusos, y al momento de “la visita” entre Julio y Agosto había 4 mil 218.
El gobierno federal solicitó en 2015 a la Comision Nacional de Derechos Humanos que, de preferencia con visores extranjeros, hiciera una evaluación del Penal del Topo Chico. Entre las actividades de readaptación social, en enero de 2016 un grupo de jóvenes internos se organizó para formar un equipo de fútbol americano que le llamaron “La máquina del mal”. Sin embargo, la inseguridad que privaba en la Carcelaria impidió su participación en torneos, aunque sí jugaron tres partidos amistosos con: Águilas Verdes del IMSS, Bull Dogs de Escobedo, y Los Puercos Salvajes.
Sobreviene el gran motín
Hace cinco años, el 11 de febrero de 2016 se celebró una gigantesca riña dentro del Penal entre grupos rivales que representaban a las grandes mafias nacionales. En la refriega murieron 49 internos y hubo 12 heridos. La nota fue de alcance internacional y la reacción del Gobierno fue publicar la existencia de lujosísimas celdas, una discoteca y enormes altares a la Santa Muerte. Después de la matanza, 233 presos del Penal de Topo Chico fueron trasladados a otros penales del país.
Se debe comentar que durante el gran motín, los rijosos incendiaron la cocina, la bodega de víveres, y causaron daños graves a las instalaciones. Y como algunas actividades dentro del Penal se suspendieron, muchos trabajadores externos, ante el temor de que se volviera a presentar otro evento dramático, renunciaron.
Otros altercados en el interior del Penal de Topo Chico
Cuatro meses después, en junio de 2016, hubo otra riña al interior del Penal, generada por el reacomodo del poder entre los grupos delictivos que ahí permanecieron. Este enfrentamiento dejó como saldo rojo tres reclusos muertos y 19 lesionados. Al ser la segunda tragedia consecutiva se provocaron fuertes protestas de los familiares que exigían seguridad para los suyos, sobre todo de los que eran delincuentes menores y vivían aterrorizados ante la crueldad de los grandes capos.
Luego de meses de tensa calma, más de un año después, el 14 de enero de 2018, se suscitó una nueva riña entre los reclusos que parecía incontrolable, pero fue rápida y “sólo” hubo dos muertos. Dos meses después, el 27 de marzo, de nueva cuenta se enfrentaron los mismos grupos involucrando a más de 500 reos, en donde hubo detonaciones de arma de fuego, y como saldo, un muerto.
Los motivos de la clausura del Penal de Topo Chico
En sus últimos días a pleno funcionamiento, el Penal de Topo Chico alojaba 3 mil 979 reos con una capacidad oficial de 3 mil 635. En su momento de máximo hacinamiento alcanzó a alojar 6 mil internos, pero los organismos de Derechos Humanos ya no le tenían fe de que pudiera funcionar adecuadamente por la evidente incapacidad del Gobierno para administrarlo.
Desde la gran masacre de 2016 el Gobierno Federal había ordenado un estudio profundo de la situación del Penal de Topo Chico y el resultado fue la identificación de las siguientes carencias que lo inhabilitaban para seguir funcionando:
• Sobrepoblación y hacinamiento.
• Deficiencias en los servicios para mantener la salud de las y los internos, mobiliario, equipo médico, unidad odontológica, insuficiente personal, atención médica, material de curación y atención psicológica.
• Deficiencias en la prevención y en la atención de incidentes violentos.
• Deficiencias en la atención a las personas internas en condiciones de aislamiento.
• Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el funcionamiento del penal, tanto en el área varonil como en el área de mujeres.
• Deficiencias en las condiciones materiales de higiene y equipamiento de las instalaciones para alojar a internas e internos.
• Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo, cantidad y calidad de los alimentos, así como inexistencia de dietas especiales para quienes las requieren por salud.
• Insuficiente personal de seguridad y custodia, para traslados, para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades, así como personal femenino.
• Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad de las y los servidores públicos del centro de reclusión.
• Existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, y de personas internas que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.
• Presencia de cobros realizados por parte de algunas personas reclusas a otras también privadas de la libertad en el centro.
• Necesidad de capacitación del personal penitenciario.
• Deficiente clasificación técnica-criminológica de población reclusa y falta de personal de pedagogía.
• Inexistente separación entre personas procesadas y sentenciadas.
• Deficiencias en las actividades laborales y educativas.
• Deficiente acciones de reinserción social.
• Deficiencias en la alimentación de hijas e hijos de internas que viven en el centro penitenciario.
• Inexistencia de talleres especializados y deficiencias en la ubicación, equipo de apoyo y accesibilidad de las instalaciones para las personas adultas mayores.
• Inexistencia de medidas para evitar el trato discriminatorio.
• Deficiencias en la atención médica a las personas con discapacidad física y mental, específicamente el insuficiente suministro de medicamentos.
Ante la realidad de estos informes, el gobernador Jaime Rodríguez declaró a mediados del año 2019 que para el 30 de noviembre de 2019 el Penal del Topo Chico dejaría de operar. A partir de esto, la Federación reubicó a sus reos en otros penales, y el estado distribuyó a los suyos en el Penal de Apodaca, recién remodelado, y al de Cadereyta.
En el predio donde se ubicaba el Penal de Topo Chico, el Gobierno estatal planea construir un parque público, un museo y las instalaciones del Archivo del Estado.
Sin embargo, los avances de la obra son mínimos, acaso se terminaron las demoliciones de los edificios que albergaron a los criminales más peligrosos y parieron las más estrujantes historias de terror.
Continuará…
FUENTES
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2019-09-04/efe-4056833-15739016-20190904
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