• El sector agropecuario y pesquero fue castigado con más del 30% en el presupuesto de 2020, que se suma al 31% aplicado este año, haciendo más del 50% acumulado.

Conforme se conocen los pormenores del proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, crece el malestar en los sectores afectados y se confirma la preocupación por los efectos negativos de la política económica del gobierno en el desarrollo nacional y el bienestar de las familias.

Entre los casos más graves destaca el sector agropecuario y pesquero, castigado con más del 30% en el presupuesto de 2020, que se suma al 31% aplicado este año, haciendo más del 50% acumulado. El análisis de este golpe presupuestal al sector primario despierta grandes incógnitas sobre la pretendida vocación social de la administración federal, pues el programa de fomento a la agricultura presenta un recorte de 96.53 por ciento. El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, que recibió mil 217 millones de pesos este año, pasa a llamarse Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola, sólo para recibir una asignación inferior a la mitad, de 593 millones. Otro programa que tendrá recortes significativos es el de Crédito Ganadero a la Palabra, que pasa de cuatro mil a ¡mil millones de pesos!

Programas fundamentales para la sostenibilidad y capacidad de exportación del sector primario, como son los de sanidad e inocuidad y el de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, se verán gravemente reducidos, poniendo en riesgo su competitividad internacional.

El Paquete Económico 2020 termina de desmantelar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), reducido 50 por ciento. Se trata de un rubro que se aplicaba a proyectos estratégicos de apoyo a los productores, por ejemplo, en infraestructura, equipamiento y repoblamiento de hatos, y que sumaba el presupuesto de ocho secretarías y recursos del ramo 33 que los estados complementaban.

Con toda razón, los ganaderos y agricultores, de por sí afectados por sequías o inundaciones, declaran que pasarán de un crecimiento de cero en 2019 a un decrecimiento el año entrante, lo que dejará sin trabajo e ingreso a cientos de miles de familias, casi 25% de la población del país que vive de estas actividades y su cadena productiva.

Igualmente grave es el impacto que sufrirán la agroindustria semillera y los programas de inocuidad sanitaria, de enorme importancia en la productividad y el impulso a las exportaciones, cuyos planes van a congelarse y se afectará a una docena de entidades donde las actividades primarias representan un alto porcentaje de su economía.

A cambio, el único programa que recibirá un incremento presupuestal es el de precios de garantía a los productos básicos, que crecerá 67%, lo que confirma la noción populista a cargo del recientemente creado organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sucedáneo del extinto y fallido Conasupo.

Igual que en la política social, en el sector primario se opta por transferencias monetarias y subsidios a las clientelas de Morena, en lugar de estímulos a la productividad, la exportación y la generación de empleo.

Con esta política agropecuaria se ampliará la brecha entre el sector moderno y tradicional del campo, se pone en riesgo la competitividad del sector, que sitúa a México como 11º productor mundial de alimentos y 4º de productos orgánicos, y no será posible revertir la pobreza rural (58% de esta población) y prevenir la migración del campo.

Ante el desmantelamiento de la política agropecuaria y pesquera, en un contexto de estancamiento económico, pobreza, desempleo y reducción del presupuesto de salud, es imprescindible fortalecer la organización y movilización de los agricultores, ganaderos y pescadores para hacer oír su voz en la discusión legislativa del paquete económico.