El Gobierno del Estado ahora se deslindó de ser los acusadores de Gilberto Lozano y Pedro Alejo Rodríguez “El Fufito” de ser los responsables de la violencia registrada el pasado 5 de enero en Palacio de gobierno.

La mañana de este miércoles fue abordado Manuel González, sobre el tema del avance de los procesos que se siguen a los hoy acusados y los jóvenes detenidos a lo que respondió que el Estado nunca los ha señalado como los orquestadores, esto pese a que ya hubo audiencias en contra de los activistas

“El gobierno que yo recuerde y vamos que Yo era el que declaraba alrededor de esto , señalaba que ellos eran los orquestadores de un daño al Palacio de gobierno, nosotros identificamos plenamente a los agresores del Palacio y los Vitrales y ellos están detenidos, Yo nunca manifesté ni el Gobernador que los que alentaron el daño al palacio era el Fufito y Gilberto..”

“Ellos se consideran denunciados… ellos buscaron una demanda de amparo y tienen una suspensión provisional..”

 “No le estoy dando seguimiento, tengo entendido que ellos buscaron una suspensión provisional mediante una demanda de amparo, no sé si el procedimiento está abierto en contra de ellos, si se está siguiendo, lo que sí puedo decir es que todos los que participaron esa noche…fueron aprehendidos y están siendo sujetos  a proceso y van a merecer sentencia condenatoria”.

¿Pero hay oficios y audiencias?

No lo conozco Yo.

 A ambos líderes ciudadanos se les abrió una carpeta de investigación y se les denunció penalmente y se les fijó fechas de audiencia en repetidas ocasiones que se han alargado para vincularlos, acusados de haber incitado a la violencia pues habían convocado junto a otros activistas  a  una manifestación  ese día contra el gasolinazo.

A ellos  se les citó en varias ocasiones ante el Juez  donde figuraban tres elementos de policía  como testigos  pero nunca llegaban a las audiencias por lo que estas se pospusieron hasta en cuatro ocasiones quedando pendientes la audiencia de Lozano el líder del Congreso Nacional Ciudadano.

A Lozano se le buscaba fincar cinco delitos como  daños en propiedad pública gubernamental, delincuencia organizada por parte del estado pues esa noche los vitrales centenarios fueron quebrados y las puertas y ventanas de madera también resultaron  dañadas.