México - El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reiteró la importancia de transitar de un sistema de corte inquisitivo a uno acusatorio, basado en la presunción de inocencia y en procesos abiertos y transparentes, con juicios orales.
El presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, opinó que dicho sistema es uno de los más trascendentes hechos en la historia de México y lamentó el atraso en la implementación a escala nacional, cuyo plazo de vencimiento para su entrada en operación es el próximo 18 de junio.
Refirió que de acuerdo con análisis y trabajos de seguimiento como los del Proyecto Justicia, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), apenas nueve estados del país operan con el nuevo esquema.
Consideró que de no haber una mejora en el ritmo de implementación, en promedio, el nuevo sistema penal acusatorio podría estar plenamente consolidado hasta 2027.
Esa situación, sostuvo el empresario, implica diversos e importantes riesgos en el corto y en medianos plazos, puesto que hay que tener en cuenta la compleja cadena de la procuración e impartición de justicia que tiene que adaptarse al nuevo esquema.
Desde los policías hasta quienes administran las cárceles, pasando por Ministerios Públicos, peritos, abogados defensores y jueces, anotó.
En su mensaje semanal, el dirigente empresarial planteó la necesidad de un pacto nacional, un gran acuerdo para subsanar el mayor pendiente de la democracia y la deuda que más gravita en su desarrollo: el déficit de estado de Derecho.
Puntualizó que tal pendiente también es la variable que más afecta la competitividad económica, la inversión y, crecientemente, la imagen, el prestigio y la confianza que existe respecto a México a nivel internacional.
Es fundamental transformar a fondo nuestro sistema de procuración de justicia, obsoleto frente a los niveles de corrupción y delincuencia que corroen la confianza, la convivencia social y el crecimiento económico consecuente, puntualizó.
