El Consejo Cí­vico de las Instituciones, exigió ayer a los jueces de control del Poder Judicial de Nuevo León, mano firme a la hora de impartir justicia, luego de cuestionar las diferencias criterios en el caso Rodrigo Medina y el ex Tesorero, Rodolfo Gómez.

Pidió a los juzgadores que no les tiemble la mano a la hora al impartir justicia, sea quien sea el inculpado.

A través de un comunicado, ese organismo de la sociedad civil, criticó la diferencia de criterios del Juez Jaime Garza Castañeda, que apenas vinculó a proceso al ex Mandatario Medina por un delito, y al Juez Pedro Cisneros que vinculó al ex Tesorero Gómez por tres delitos.

"Vemos muy cuestionable las diferencias de criterio entre las resoluciones de los jueces Jaime Garza Castañeda y Pedro Cisneros, cuando las acusaciones eran similares y las averiguaciones fueron integradas por la misma Fiscalí­a", reclamó el organismo.

Y reiteró; hacemos un llamado a los jueces a que no les tiemble la mano en la emisión de resoluciones.
En el documento, el Consejo Cí­vico pidió al Poder Judicial trabajar en la armonización de criterios de los jueces, para que recuperen la confianza en la ciudadaní­a.
"Hacemos un llamado al Poder Judicial para que se trabaje en la armonización de criterios de los jueces, lo cual es un elemento esencial para el buen desempeño en el Sistema de Justicia Penal y su correspondiente recuperación de la confianza por parte de la ciudadaní­a", recalcaron.
Además también pidieron a la Fiscalí­a Anticorrupción recurrir las decisiones de los jueces y armar bien las carpetas con el mayor soporte jurí­dico, para evitar resquicios que sean aprovechados por los jueces.
"Esperamos que la Subprocuradurí­a apele a la autoridad por estos otros dos delitos, y que haga un mejor trabajo en la presentación de los casos, privilegiando el soporte jurí­dico, más que aspectos mediáticos", aseguraron.
En el documento reiteraron que es un avance que los ex funcionarios estatales, siendo vinculados por presuntos actos de corrupción, pero tienen que concluir en sanciones para que la ciudadaní­a recupere la confianza en las instituciones.