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Propone tipificar como delito la pederastía en NL

El diputado local Gabriel Tláloc Cantú, propuso ayer reformar el Código Penal para tipificar como delito la pederastia en Nuevo León y además hacer lo propio con la Ley Orgánica de la Procuradurí­a para crear un Registro de Violadores y Abusadores Sexuales.

La propuesta del diputado del tricolor, implica la adición de un capí­tulo quinto denominado "Pederastia" al apartado de delitos contra la moral pública del Código Penal y la adición de los artí­culos 205 BIS y 205 BIS 1.
Además, también plantea reformas a diversas fracciones del artí­culo 7 de la Ley Orgánica de la Procuradurí­a General de Justicia.
"La presente iniciativa tiene el objeto, tipificar el delito de pederastia en nuestro Código Penal y establecer el Registro de Violadores y Abusadores Sexuales, en la Ley Orgánica de la Procuradurí­a General de Justicia en el Estado de Nuevo León", expresó.
En la iniciativa se contempla castigar la pederastia con cárcel de 9 a 18 años, se obliga a quien la comete a tomar tratamiento psicológico hasta por el tiempo de la pena y la sanción se agrava en casos de abuso con violencia.
"Se aplicará de 9 a 18 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 dí­as de multa a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier í­ndole y ejecute, obligue, induzca o convenga a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento", se establece en la propuesta de reforma al Código Penal.
"La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita en contra de la persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. Si el agente hace uso de violencia fí­sica, las penas se aumentarán en una mitad más.
"El autor del delito deberá ser sujeto a tratamiento médico integra el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
"Además, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la ví­ctima, en términos de la legislación civil.
"Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta".
La iniciativa fue suscrita por los Diputados locales Sergio Arellano, del PT Felipe Hernández, del PVEM; Ludivina Rodrí­guez, Patricia Salazar y Alhinna Vargas, del PRI; Marlene Benvenutti y José Luis Santos, del PAN, y Marco Martí­nez, de la bancada independiente.
La propuesta de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.