México - El INAI respaldó la decisión de la Cámara de Diputados de clasificar como confidenciales 39 expedientes de juicio políticos pendientes de dictaminar.
En su sesión pública de esta tarde, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidió lo anterior, luego de un debate sobre la pertinencia de entregar o no documentos con datos personales ocultos (testados).
Al presentar el tema ante sus colegas, el comisionado í“scar Guerra Ford señaló que un particular solicitó a la Cámara de Diputados información sobre los dictámenes de la Comisión Instructora y las declaraciones de procedencia de juicios políticos desde 1994 hasta 2016.
En ese sentido, la Cámara baja contestó que carecía de información respecto al periodo comprendido entre 1994 y 2003, mientras que entre el 1 de septiembre de 2003 y el 15 de julio de 2016, había 44 solicitudes de juicio político acumuladas, de las cuales sólo cuatro estaban resueltas.
Estos son los casos de René Bejarano, Andrés Manuel López Obrador, la diputada panista Lucero Guadalupe Sánchez López y su homólogo perredista Julio César Godoy Toscano, este último con un acumulado, todos ellos ampliamente conocidos.
En ese sentido, la Cámara declaró reservados los 39 expedientes restantes, por tratarse de procesos deliberativos que aún están en marcha.
Inconforme con la respuesta, el solicitante presentó el recurso RRA 1627/16, en cuyo estudio la ponencia de Guerra Ford acudió en varias ocasiones a la Cámara de Diputados para analizar si procede o no la reserva.
El propio comisionado reconoció la buena actitud de la instancia legislativa, incluso ante el hecho de que los integrantes de la Comisión Instructora –que debe responder la solicitud— son diputados, quienes mostraron disposición a atender los requerimientos de información.
í“scar Guerra concluyó que, efectivamente, la información de las solicitudes debe reservarse, si bien se puede dar a conocer la fecha en que éstas fueron recibidas, lo cual responde a una de las siete preguntas que incluía la solicitud original.
Entonces, propuso al pleno entregar versión testada de las solicitudes de procedencia, es decir, un total de 39 documentos (uno por cada caso), en las que sólo se puede ver la fecha, porque los demás datos, en efecto, deben reservarse con base en criterios de ley.
Al respecto, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas consideró inútil entregar una hoja prácticamente negra, con sólo una fecha y que por lo tanto es mejor no dar nada.
Con el criterio de Guerra Ford coincidieron los comisionados Areli Cano Guadiana y Joel Salas Suárez, mientras que sus compañeros Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, apoyaron la valoración de Acuña Llamas.
Así, el proyecto original de í“scar Guerra recibió tres votos a favor y tres en contra (la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos no estuvo en la sesión), pero prevaleció el voto de calidad de la comisionada presidente Ximena Puente, de manera que fue desechado.
Por lo tanto, se propuso un segundo dictamen, en el que se respalda el criterio original de la Cámara, de no entregar los documentos al considerarlos confidenciales.
Este segundo recibió votos favorables de los comisionados Francisco Javier Acuña; Rosendoevgueni Monterrey y Ximena Puente (voto de calidad), mientras los comisionados Areli Cano, í“scar Guerra y Joel Salas votaron en contra y anunciaron la presentación de votos disidentes.
