Monterrey.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió tres Recomendaciones. Una dirigida al municipio de Guadalupe por actos de tortura y dos a Monterrey, por trasgresión al derecho a la protección de las personas adultas mayores y al derecho a la seguridad, así como al uso indebido de la fuerza.

En la Recomendación 22/2019, dirigida a la Presidenta Municipal de Guadalupe, este Organismo acreditó violaciones de los derechos humanos de una persona detenida, por parte de policías municipales, a quien, mientras se encontraba esposada de ambas muñecas de sus brazos, fue víctima de tortura.

En este caso, se determinó, a través del Centro de Atención a Víctimas, que a la víctima se le causó daños psicológicos y físicos, que incluso repercutieron en la movilidad de una de sus manos.

Por lo anterior, se recomendó, entre otros puntos, brindar tratamiento médico y psicológico que requiera la víctima; colaborar con la Fiscalía en la investigación correspondiente respecto a la responsabilidad penal de la policía involucrada; iniciar la investigación de manera pronta e imparcial de los actos constitutivos de tortura, para deslindar responsabilidades administrativas de la policía que intervino y capacitar al personal policial en materia de derechos humanos, con énfasis en la prohibición de la tortura.

Las Recomendaciones 23/2019 y 24/2019 fueron enviadas al Presidente Municipal de Monterrey; la primera por haberse acreditado violaciones a los derechos humanos de dos personas adultas mayores, quienes en dos eventos por separado, fueron agredidas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, causándoles lesiones físicas, derivadas del exceso y desproporcional uso de la fuerza policial.

Como puntos recomendatorios, se solicitó la cobertura de los gastos médicos de las víctimas; poner a su disposición el tratamiento médico y psicológico que requieran; deslindar responsabilidades administrativas del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad; y coadyuvar con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, respecto a la responsabilidad penal que pudiera resultar.

En la Segunda se concluyó que se puso en riesgo la seguridad ciudadana de varias personas en un espacio público, lo anterior derivado de una investigación de oficio que se inició ante la publicación de un video en un medio de comunicación local, donde se apreció a un policía que actuaba con exceso de uso de la fuerza, así como manejo de arma de fuego en un lugar concurrido, durante una detención.

Por lo que se Recomendó deslindar las responsabilidades administrativas del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad; garantizar la integridad de las personas no involucradas en las acciones policiales en espacios públicos concurridos; revisión de las competencias básicas del personal policial, en específico al manejo de armamento; y continuar con las actividades necesarias para la aplicación debida del Protocolo de uso legítimo de la fuerza policial.