Luego de que el gobierno de Puerto Rico dio a conocer antier el Informe Financiero Anual Consolidado (CAFR por siglas en inglés) para el año fiscal 2014, altos funcionarios del gobierno anunciaron simplemente que el gobierno de la isla está "insolvente" y que está considerando una moratoria sobre sus pagos que vencen el 1 de mayo y 1 de julio, entre otros. "El gobierno de la Mancomunidad cree que existen dudas sustanciales sobre la capacidad del gobierno primario" y otras entidades del gobierno "de continuar como una empresa en funcionamiento" advierte el informe.
En entrevista ayer con radio WUNO, el secretario de Finanzas Juan Zaragoza lo planteo de este modo: "Si por insolvente queremos decir que no podemos hacer los pagos cuando éstos se vencen, estamos insolventes". Según informe de Primera Hora la jefa de personal del gobernador Alejandro García Padilla, Grace Santana, dijo que las medidas de emergencia que se estaban considerando "van a afectar los derechos de los acreedores y los pagos que se vencen el 1 de mayo y 1 de julio" El Banco de Desarrollo del Gobierno (BDG) debe $422 millones que se vencen el 1 de mayo y el gobierno y varias instituciones en conjunto tienen que pagar $2 mil millones de dólares para el 1 de julio, $805 millones de los cuales son bonos Obligaciones Generales, que por mandato constitucional se tienen que pagar.
El CAFR, que el senador Orin Hatch (republicano por Utah) exigió se diera a conocer para poder verlo y determinar si Puerto Rico había sido lo suficientemente "transparente" con sus finanzas, confirma la "naturaleza crítica de la crisis" dijo la presidente del BDG, Melba Acosta; pero subrayó al igual que Santana, que bajo ninguna circunstancia se van a despedir empleados públicos o se van a reducir los salarios, porque esto solo empeoraría la crisis. Sin embargo, agregó que si la situación financiera de Puerto Rico no mejora en un futuro inmediato, pudiera ser necesario someter a instituciones públicas a una administración judicial. Advirtió que se hará cualquier cosa que se necesite hacer para garantizar la continuación de los servicios esenciales.
El gobernador García Padilla emitió una declaración ayer acompañando la publicación del CAFR, donde exige de nuevo que el Congreso federal actúe y le conceda a la Mancomunidad protección por quiebra y la capacidad de reestructurar sus deudas. En un seminario ayer en la Casa Blanca con dirigentes empresariales y laborales de Puerto Rico, el secretario del Tesoro Jack Lew también exhortó al Congreso federal a actuar con rapidez.