El desalojo hace cinco años de los comerciantes informales de la calle Reforma, no solo ocasionó la destrucción de sus puestos y la pérdida de su mercancía, dejo también una estela de muerte y enfermedades entre las más de dos mil familias que resultaron afectadas por el operativo.
Así lo dio a conocer el Secretario General del Sindicato de Trabajadores No Asalariados de la CROC en el país, Gilberto Vázquez Muro durante una emotiva ceremonia en la que la central obrera en Nuevo León recordó los hechos ocurridos un martes 26 de abril del 2011.
Ante los familiares de quienes murieron por la depresión que les causo el haber perdido su patrimonio, el también líder de la organización sindical en Monterrey, calificó de insensible, injusta y arbitraria la decisión tomada por Fernando Larrazbal, entonces alcalde panista de la ciudad.
Al inicio del evento realizado en el Auditorio "Fundadores", ubicado en el primer piso de la sede croquista, Blas Hernández Oyuela, dirigente de comerciantes, leyó algunos nombres de los 25 fallecidos a raíz del desalojo, para después rendirles un minuto de aplausos en honor a su memoria.
"Aclarando que el 70 por ciento de estos compañeros se mantenían al día y otro porcentaje importante habían recibido un préstamo o una tanda y a raíz del operativo en su mayoría cayeron en shock, depresión y angustia, lo que ocasiono que prácticamente quedaran en deuda, sin mercancía y en quiebra", manifestó Vázquez Muro.
Recordó que además de los comerciantes ambulantes de Reforma, las autoridades de Monterrey usando la fuerza pública en forma arbitraria, incluyendo al Ejército, continuaron con el desalojo de los puesteros de Colegio Civil y la Alameda por lo que calculó la suma de familias damnificadas que vivían de esta actividad ascendió a las 22 mil.
Vázquez Muro afirmó que existe en Nuevo León una Ley que ampara al comercio en la vía pública expedida en el gobierno de Sócrates Rizzo García y que fue flagrantemente violada por Fernando Larrazabal, además de transgredir los derechos humanos de los puesteros afectados por el desalojo.
En ese sentido, el dirigente croquista precisó que para evitar se repita en un futuro lo acontecido aquel "martes negro", los gobiernos estatal y municipal "deben ponerse la camiseta" de los comerciantes informales y establecer foros de dialogo encaminados a dignificar y proteger esta actividad de la que subsisten más de 13 millones de mexicanos.
