La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco Becerra emitió tres Recomendaciones en las que se acreditan violaciones a derechos por dos casos de detención ilegal y arbitraria a personas ejerciendo la libre manifestación, la falta de perspectiva de género en la atención a casos de violación y la transgresión al debido proceso por inactividad en una carpeta de investigación.
En la Recomendación 9/2019 comprueba la detención arbitraria e ilegal de personas manifestantes en dos hechos: uno atribuido la policía municipal de Monterrey, de una persona manifestante de la CNTE, otro a elementos de Fuerza Civil, en contra de activistas de la asociación Únete Pueblo; en ambos casos se violentó la seguridad personal y la libertad de expresión y pensamiento.
El documento se dirige al Ayuntamiento de Monterrey y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se solicita a ambas autoridades el deslindar las responsabilidades administrativas al personal involucrado, además de un programa de sensibilización y capacitación en derechos humanos, así como protocolos de actuación para elementos que intervengan en manifestaciones, y hacer efectivos los existentes sobre el uso de la fuerza.
La Recomendación 10/2019 se dirige a la Fiscalía General de Justicia del Estado por haberse acreditado la vulneración a los derechos de la niñez y a una vida libre de violencia en la atención e investigación en dos casos de niñas víctimas de violación a quienes no se informó sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo conforme al Código Penal.
Se concluye que hubo omisiones en la protección contra la violencia sexual por lo que la CEDHNL solicita crear un protocolo de actuación con perspectiva de género para casos de violación, coordinado con la Secretaría de Salud para niñas y mujeres para regular el acceso a la interrupción legal de posibles embarazos.
La CEDHNL dirige su Recomendación 11/2019 a la Subsecretaría Especializada en el Combate a la Corrupción por la falta de debida diligencia y transgresión al debido proceso al comprobarse que hubo 450 días de inactividad procedimental en la investigación por hechos reclamados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.
En esta resolución la Comisión pide que dé vista a la Fiscalía General de Justicia para que realice las investigaciones correspondientes y se instruya la implementación de cursos de capacitación, sensibilización y formación de servidoras y servidores públicos en materia de derechos humanos.
