Para evitar que la crisis hídrica colapse la economía de las familias de Nuevo León,  los coordinadores del PAN y PRI presentaron una iniciativa de reforma para que los patrones restituyan el gasto que sus empleados realicen para la obtención de agua para el consumo de sus hogares. 

 Carlos de la Fuente Flores y Heriberto Treviño Cantú presentaron su propuesta a través de una iniciativa  de reforma a la Ley de Hacienda del Estado.

 La iniciativa planteada por los legisladores locales busca establecer un estímulo fiscal con cargo al Impuesto Sobre Nóminas,  para que los trabajadores que realicen inversiones para la obtención de agua para su hogar como: compra de agua potable en garrafones de cualquier presentación, compra de agua para preparación de alimentos, compra de agua para desagüe de baños, compra de agua para usos sanitarios y compra de agua para uso personal.

 Asimismo,  adquisición e Instalación de tinas, cisternas o tinacos, con conexión al agua del hogar.

 Carlos de la Fuente y Heriberto Treviño detallaron que estos gastos deberán ser compensados por el patrón hasta por un monto de 3,000 pesos mensuales por trabajador y el patrón podrá acreditar el mismo contra el Impuestos sobre nóminas a cargo.

 Asimismo, expusieron,  se podrán realizar con cargo a este estímulo inversiones por parte de las empresas registradas en el Estado para proveer de agua potable a los trabajadores en las instalaciones de la empresa hasta por un monto de 20,000 pesos.

 "El Estado no puede pasar por desapercibido que la crisis hídrica ha causado deterioro en diversos sentidos y ha ocasionado que afecten directamente en el ingreso de las familias de Nuevo León, pues al no contar con agua potable en sus hogares o la misma para realizar actividades rutinarias como: cocinar, bañarse o de usos sanitarios, ha generado que los habitantes del Estado en su mayoría trabajadores, tengan que destinar parte de su nómina para completar ese vació que ha dejado de cumplir el Ejecutivo", señala la iniciativa en su explicación de motivos.

  "Es obligación del Estado proveer el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, bajo las circunstancias que nos encontramos las entidades federativas deben participar en la obligación de garantizar el agua, directa o indirectamente, inclusive las bases o apoyos que requiera la sociedad para obtenerla, pues si el Estado es incapaz de proveer el servicio y el particular puede lograrlo, es responsabilidad del Ejecutivo cubrir tales costos o gastos", puntualiza.