CIUDAD DE MEXICO - La discusión de una controvertida reforma eléctrica que según analistas y críticos ahuyentaría la inversión extranjera y fomentaría la producción de "energía sucia", lo que contradice los compromisos del gobierno sobre el cambio climático global, fue pospuesta en el Congreso hasta el año próximo. La bancada del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) anunció el aplazamiento de este proyecto para abril del 2022, después de una dura pulseada diplomática y política protagonizada tanto por la oposición como por el gobierno del presidente Joe Biden, presionado por inversionistas estadounidenses.
El gobierno cedió a las presiones estadounidenses al anunciar el retiro de esta iniciativa de la agenda de debates de la Cámara de Diputados luego que el embajador de Estados Unidos Ken Salazar acudió a Palacio Nacional a expresar al presidente Andrés López Obrador las "serias preocupaciones" de Washington sobre este tema. Horas antes, congresistas republicanos de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, la secretaria de comercio Gina M. Raimondo y la de Energía Jennifer M. Granholm, así como la representante comercial Katherine Tai, en la que le manifestaron sus cuestionamientos a la propuesta de ley.
En la misiva, los parlamentarios manifestaron su profundo malestar sobre "la escalada del gobierno de México para excluir a las empresas privadas" energéticas estadounidenses contradiciendo sus compromisos internacionales, entre ellos los establecidos en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (T-MEC). Los congresistas dijeron que se trataba de una reforma "discriminatoria y proteccionista porque se pretendía dar a los entes estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) un "trato preferencial, en una clara contradicción con el T-MEC". "Los informes recientes de acciones discriminatorias contra empresas estadounidenses requieren una respuesta oportuna y clara. Nosotros los instamos a que redoblen sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas a fin de que detengan las acciones discriminatorias", señala la carta.
El gobierno mexicano debe otorgar a las empresas estadounidenses la oportunidad de actuar en "igualdad de condiciones, según lo previsto por el T-MEC", señaló al exponer que la enmienda violaría "compromisos ambientales internacionales, por el uso del combustóleo en plantas" de energía eléctrica. Oficialmente, Morena señaló que el debate deberá esperar varios meses más, cuando comience el siguiente período de sesiones del Congreso, pues "es prioridad la aprobación del presupuesto y buscar una participación masiva en la revocación de mandato", prevista para marzo del 2022. Únicamente para diciembre próximo está previsto llevarse a cabo el "Parlamento Abierto" para "escuchar a empresarios inconformes con la iniciativa gubernamental". López Obrador no se refirió en su acostumbrada conferencia de prensa matutina a este tema directamente pero sí dijo que envió una carta a Biden, en la que se comprometió a que México "no exportará petróleo crudo y sólo se extraerá para el mercado interno". Según el mandatario, el texto fue entregado a su homólogo antes de la Cumbre del G20 realizado en Roma, Italia, unos días después de que se reuniera con John Kerry, el enviado especial estadounidense para asuntos del clima en el sureste de México.
"En México, seguiremos reservando combustibles fósiles y sólo extraeremos para consumo interno", dijo López Obrador al leer algunos párrafos del mensaje. México extrae actualmente 1,7 millones de barriles de petróleo, la mitad de lo que extraía en 2004, en un contexto de agotamiento de sus reservas tradicionales de crudo en zonas terrestres. El actual gobierno construye actualmente una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas, estado sureño de Tabasco y moderniza seis más para aumentar la eficiencia energética y la dependencia de la adquisición de carburantes del exterior.
