CIUDAD DE MEXICO - Organizaciones civiles, especialistas y opositores pusieron en duda la eficacia de los militares mexicanos en la lucha contra el crimen y en diversas responsabilidades que le son ajenas y señalaron que el uso excesivo del Ejército es usado como "excusa" del gobierno para "evadir responsabilidades".

A fines de 2006, el gobierno decidió aumentar la presencia de los militares en la lucha anticrimen al lanzar el entonces presidente Felipe Calderón su cuestionada "guerra contra el crimen", lo que arroja hasta ahora más de 335.000 muertos y unos 93.000 desaparecidos.

Doce años después, cuando era candidato presidencial, el centroizquierdista Andrés López Obrador prometió "regresar a los soldados a sus cuarteles", pero apenas llegó al poder el 1 de diciembre de 2018 no sólo dejó a militares combatiendo a la violencia sino les asignó tareas adicionales como la construcción de aeropuertos y el control de aduanas.

"Tropa Multiusos", le ha llamado la prensa local al empleo de personal castrense para todo tipo de actividades, que incluyen el reparto de medicinas y vacunas, el auxilio en desastres naturales y la administración de los principales puertos marítimos del país.

"La militarización preocupa por varios motivos: por su clara incapacidad de reducir la incidencia delictiva, la victimización y la violencia homicida, que en vez de desincentivar aumenta", afirmó Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia.

La activista estimó que la presencia excesiva de personal castrense en actividades asignadas al Estado que les son ajenas "trastoca las relaciones cívico-militares, aumentando el poder del Ejército y revirtiendo el principio de subordinación a las autoridades legalmente constituidas y democráticamente electas".

El ex candidato presidencial de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, antiguo aliado de López Obrador, puso en evidencia también la eficacia del Ejército y la Marina en la lucha contra la ascendente violencia y dijo que "para combatir" a los delincuentes "se necesita Estado, no ejército".

Otros dirigentes políticos como los senadores independientes Emilio Alvarez y Juan Zepeda señalaron que "López Obrador está cometiendo un error histórico al erosionar y debilitar la capacidad del Estado y al entregar al ejército por pragmatismo y un modo de entender las cosas en obediencia ciega".

"Debilitar la institucionalidad civil es debilitar al Estado", afirmó Alvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La ministra de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, señaló hace poco que los delitos graves bajaron casi un tercio y los homicidios 4% en México durante los primeros tres años del gobierno de López Obrador, pero sigue al alza los robos, la extorsión y los abusos sexuales.

Además, varias zonas del país, entre ellas los estados de Colima (occidente), Michoacán (sur), Zacatecas (centro) y Sonora (noroeste) enfrentan un aumento de la violencia en las calles que mantiene aterrorizadas algunas localidades con aumento en secuestros y asesinatos.

El experto en seguridad Guillermo Garduño, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que el mandatario incumplió su compromiso de "regresar al Ejército a sus cuarteles, tras protagonizar un papel primario en el combate al crimen organizado en los sexenios pasados".

"Prometió una garantía precisamente de seguridad que no ha sido cumplida", afirmó y dijo que al abandonar al 100% "sus tareas fundamentales en el ámbito de la seguridad nacional", su productividad está siendo mínima.

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, indicó que no se requiere en el país "una presencia militar constante, sino Estado de derecho que haga relevante el respeto de la norma".

Según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en la última década, las Fuerzas Armadas asumieron 273 funciones de seguridad y gobierno en general que les correspondían a civiles y más del 50% se transfirieron bajo la actual gestión gubernamental.