En Rangún, los manifestantes se reunieron cerca de la famosa pagoda de Sule, en el centro de la capital económica.

En un intento de impedir el despliegue de las fuerzas de seguridad, algunos bloquearon varias calles con coches y camiones, alegando que se habían averiado.

Otros marcharon a pie o en vehículos de dos ruedas con pancartas que decían “¡Lucha por la democracia!”, “¡Rechaza el golpe de Estado!” y “¡Respeta la ley!”.

“Debemos luchar hasta el final”, dijo a la AFP un birmano de 21 años.

“Aquí es donde corrimos por nuestras vidas durante la represión de 1988”, recuerda Nilar Thein, una estudiante de la época. “No podemos dejar que la generación más joven se enfrente a las mismas atrocidades”, asegura. Unas 3.000 personas perdieron la vida durante ese levantamiento popular.

No se registró ningún incidente y no se vio presencia militar significativa.

Sin embargo, el relator de Naciones Unidas Tom Andrews dijo temer un recrudecimiento de la violencia después de haber recibido informaciones sobre el envío de tropas “desde las regiones periféricas a Rangún”.

“Aterrado”

“En el pasado, estos movimientos de tropas precedían a las matanzas, desapariciones y detenciones masivas”, alertó Andrews, que dijo estar “aterrado”.

En Naipyidó, la capital administrativa donde la exjefa del gobierno civil Aung San Suu Kyi se encuentra bajo arresto domiciliario, funcionarios, ingenieros y estudiantes marcharon en gran número al grito de “¡Ayúdanos a salvar a Birmania!”. Otras manifestaciones tuvieron lugar en todo el país.

Tras su golpe de Estado del 1 de febrero que puso fin a una frágil transición democrática de diez años, los militares reforzaron la represión con la prohibición de congregarse, cortes de internet, detenciones nocturnas y refuerzo del arsenal legislativo.

El miedo a las represalias está en la mente de todos en el país, que ya ha vivido bajo el yugo de los militares durante casi 50 años desde su independencia en 1948.

Varias manifestaciones dieron lugar a fuertes tensiones en los últimos días.

La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma en varias ocasiones, dejando varios heridos.

Una joven de 20 años que recibió la semana un disparo en la cabeza –probablemente con balas reales– está en estado de muerte cerebral.

Un policía murió el martes debido a las heridas que sufrió durante una manifestación en Mandalay (centro), informó la junta que calificó estas protestas de “violentas” y esgrimió repetidamente las amenazas de “sanciones”.

Pese a ello, los llamados a la desobediencia civil prosiguen: médicos, profesores, controladores aéreos, trabajadores ferroviarios están en huelga contra el golpe. Los huelguistas son particularmente blanco de las detenciones.

Centenares de detenciones

Más de 450 personas han sido detenidas desde el golpe, según una lista de detenciones confirmadas por una oenegé de asistencia a los presos políticos. De ellas, 417 siguen bajo arresto. Otros informes no confirmados aseguran que se han producido más detenciones.

Aung San Suu Kyi, de 75 años, ya procesada por infringir una oscura norma comercial al importar “ilegalmente” walkie-talkies, se enfrenta a una nueva acusación por violar “la ley sobre la gestión de desastres naturales”, según su abogado, que aún no ha podido contactar con ella.

“Nos estamos preparando para lo peor (…) en este país puede pasar cualquier cosa”, dijo el miércoles a la AFP.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991 se encuentra “en buen estado de salud”, según la junta, que la mantiene bajo arresto domiciliario por su seguridad.

Las conexiones de internet quedaron prácticamente cortadas en la noche del martes al miércoles antes de ser restauradas en la mañana.

La junta también ha reforzado el arsenal represivo: los allanamientos sin mandato y las detenciones por un corto periodo si la luz verde de un juez están autorizadas. Asimismo preparan una ley sobre ciberseguridad muy restrictiva.

Los generales hacen oídos sordos a las condenas internacionales y las sanciones anunciadas por Washington.

Cuentan con dos apoyos importantes en la ONU, China y Rusia, para la que la crisis actual constituye “un asunto interno” birmano.

Pekín dice que no fue “informado con antelación” del golpe, mientras que los manifestantes le acusan de apoyar a los militares.

La situación actual no “es en absoluto lo que China quiere ver”, dijo Chen Hai, embajador chino en Rangún.

El líder de la Junta, Min Aung Hlaing, justificó el golpe denunciando el fraude en las legislativas de noviembre, ganadas por el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, aunque prometió nuevas elecciones.