Aunque el Fondo Monetario Internacional y sus “misiones” a los diferentes países ---Justificadas por el “Artículo IV” de sus estatutos--- para “vigilar” y supervisar” su desempeño deberían de ser considerados “personas non gratas” y expulsados,  sobre todo por la catástrofe que provocaron  sus recetas  (devaluación,  gasolinazos, recortes al gasto, eliminar derechos laborales, privatizaciones, etc.)  en Argentina en los últimos 3 años.  Un país como México con una deuda de 10.2 billones de pesos heredada por los gobiernos de los últimos 12 años sobre todo, es obligada a seguir algunos lineamientos, no todos,  del organismo y a poner como prioridad el  servicio de esa duda bajo la amenaza, vía las agencias calificadoras como Fitch, Moodys, Standar & Poors, de  generar la “desconfianza” de los mercados financieros y la banca internacional, lo cual a su vez generaría una fuga de capitales, la devaluación de la moneda y acciones comerciales como la imposición de aranceles en EU y la cancelación del T-MEC el tratado comercial del cual dependen el 80% de su comercio, gracias a los gobiernos anteriores que desmantelaron la económica nacional para que fuera sustituida por una economía maquiladora y exportadora.

  Es esa presión la que obligó al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar un paquete económico para el 2020 de unos 6.05 billones de pesos, de los cuales un 60% no puede tocarse y contiene, entre otras cosas, 728 mil mdp , más de un 10% del total, sólo para el pago de intereses de esa deuda.  Teniendo reservas internacionales por más de 170 mil millones de dólares y un Fondo de Estabilización ( o sea, para el pago de la deuda en caso de que el gobierno entre en dificultades) de más de 350 mil mdp, el gobierno tendrá que financiar el aumento de  su presupuesto de un 4.4% en relación al del 2019, con un aumento “de la eficiencia en la recaudación” del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a dedicar sólo un 2%  (unos 260 mil mdp) del PIB al gasto de inversión del gobierno en obras como el Tren Maya, la nueva refinería en Dos Bocas, un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y a la capitalización de Pemex etc..   Ese 2% del gasto de inversión se hace así para “no incurrir” en un déficit fiscal mayor al 2.5% del PIB y a un superávit primario de 0.7% del PIB, a los que se ha comprometido el gobierno ante las exigencias del FMI y la calificadoras de encaminarse a  lograr el “déficit cero”. Además, dentro del gasto general, el gobierno tiene que financiar los programas sociales para jóvenes y adultos  mayores, con la intención de detener la descomposición social generada por el abandono a esos sectores por parte de los gobierno pasados.

   Un país como México con 36 años de estancamiento económico con un crecimiento promedio de 25 anual y con constantes caídas a menos de cero%, el rezago y las necesidades de la economía y la población son enormes, así como la pobreza y marginación que engendran la violencia y el crimen,  necesitaría lograr crecimientos anuales de hasta 10% . Para eso es indispensable romper el sitio o cerco financiero del FMI y sus aliados y buscar la cooperación con naciones como las del grupo de BRICS, ahora ya sin Brasil, decididos a cooperar con créditos para la realización de grandes obras de infraestructura, el desarrollo de la industria pesada y de bienes de capital, los avances científicos y tecnológicos etc. a través de organismos como el Nuevo Banco de Desarrollo  Internacional o el Banco de Infraestructura de Asia, instituciones que proporcionan créditos, que no es lo mismo que deuda usurera, con el propósito específico de construir ese tipo de proyectos.  Sin una salida así, el sitio del FMI y sus representados en la banca internacional y los fondos especulativos a la IVT podría convertirse en un ataque directo y una ocupación en cuanto la estrechez financiera debilite al gobierno y erosione su base social.