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Arrancan conversaciones entre alcaldes, Estado y Poder Judicial

Este miércoles comenzaron las reuniones entre alcaldes, el estado y el poder judicial para ir aclarando los criterios que jueces y magistrados aplican en los procesos sancionadores a delincuentes con el nuevo sistema de justicia penal, donde en primer instancia encontrar las oportunidades de cambio en el actuar de los policí­as como primer contacto con el presunto delincuente.

Carlos Arenas Batiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Nuevo León si bien dijo que Nuevo León al igual que el resto del paí­s se rigen por el sistema nacional, no se descartan cambios en las prácticas de todos los operadores y algunas propuestas que se les harí­an llegar a las instancias nacionales, particularmente en los protocolos y formatos a llenar que son complejos.

Puso como ejemplo el formato IPH, Informe Policial Homologado que llenarlo lleva hasta cuatro horas en ocasiones y se contrapone con la obligatoriedad que tiene el policí­a de poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público al detenido.

"Creo que ahí­ tenemos un conflicto entre lo que sugiere el protocolo y lo que ordena la norma constitucional...creo que ahí­ tenemos áreas de oportunidad para hacer propuestas a las instancias nacionales...".

Otro de los puntos que podrí­a hacer que avance con rapidez es atender lo que llamas casos ordinarios , es decir, los delitos de mayor incidencia como el robo , el narcomenudeo , violencia familiar o lesiones y los tres momentos importantes que son; la detención en flagrancia, la disposición de detenido de forma inmediata y el llenado de los formatos.

De ahí­ se continuarí­a profundizando en mejorar el sistema como lo es la capacitación y actualización constante de los operadores (policí­as y demás actores que implementan la justicia).

En su opinión dijo, que el nuevos sistema de justicia penal opera de manera adecuada "el hecho de que hayan casos polémicos eso va a ocurrir siempre , un rasgo esencial del nuevo modelo es su transparencia...ahora es un modelo abierto en audiencias públicas a diferencia del modelo anterior escritural y expedientes cerrados".

Este nuevo sistema ha arrojado que el 95% de las detenciones en flagrancia están siendo validadas como legales; el 7% están recibiendo resolución judicial de detención ilegal pero que más de la mitad se les finca la imputación y las sentencias condenatorias representan el 83%.

"digamos que el comportamiento estadí­stico desde mi punto de vista es razonablemente correcto" sin menospreciar dijo, el dolor de las ví­ctimas u ofendidos en aquellos casos donde no se obtiene la justicia que ellos esperan.

Si bien dijo que los cambios en cuanto a los procedimientos tienen que pasar por una reforma nacional , esto no puede impedir que Nuevo León pueda hacer algo al respecto y así­ como inició el nuevo sistema de justicia penal, de la periferia al centro (hacia el resto del paí­s), el Estado pueda empezar con algunas modificaciones.