Para la Organización de las Naciones Unidas, el asesinato de la activista Miriam Rodrí­guez y del periodista Javier Valdez Cárdenas enví­a un terrible mensaje a quienes luchan por una sociedad mejor, consideró el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

A través de un artí­culo difundido hoy, señaló que en términos de seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, los primeros cuatro meses de 2017 han sido escalofriantes: por lo menos seis asesinatos de periodistas, dos de activistas y dos escoltas de beneficiarios del mecanismo nacional de protección. Pero la pesadilla parece no tener fin.

En los dí­as recientes, en menos de una semana se suman dos nuevas ví­ctimas: una protagonista del movimiento de familias de personas desaparecidas de Tamaulipas, Miriam Rodrí­guez, y el destacado periodista Javier Valdez en la capital de Sinaloa.

Refirió que no son sólo dos estadí­sticas adicionales, sino dos seres humanos ejemplares, excepcionalmente valientes, con una trayectoria heroica. En su lucha por la verdad y la justicia, Miriam Rodrí­guez enfrentó la incapacidad del Estado de buscar a las personas desaparecidas e investigar. Y logró algo excepcional: no sólo encontrar los restos de su hija desaparecida, sino también identificar a los presuntos responsables y asegurar que fueran procesados. Miriam fue asesinada enfrente de su casa el Dí­a de la Madre.

"Javier Valdez escribió sobre el poder del narco. En marzo tuiteó sobre el asesinato de Miroslava Breach, otra valiente periodista que investigaba los ví­nculos entre la delincuencia organizada y el poder polí­tico, asegurando que no se dejarí­a silenciar. Ayer unas balas silenciaron a Javier, casi enfrente de su oficina", indicó.

Dijo que si bien el asesinato de cualquier persona es condenable, el asesinato de quien defiende derechos humanos enví­a un terrible mensaje a quienes luchan por una sociedad mejor. De manera similar, el asesinato de un periodista no sólo afecta a su entorno más próximo, sino a la sociedad en su conjunto, pues acallándolo se viola el derecho de toda la sociedad a estar informada.

Además, los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos corresponsales de La Jornada, muestran que ser reconocido ya no es sinónimo de protección. Prueba de ello es que en 2011 Javier Valdez recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa, otorgado por el prestigioso Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Por otra parte, a Isidro Baldenegro, defensor de los derechos de los pueblos indí­genas, asesinado en enero pasado en Chihuahua, tampoco lo protegió el hecho de que habí­a recibido el igualmente prestigioso Premio Goldman.

Opinó que las autoridades muchas veces atribuyen la responsabilidad de todos estos horrores simplemente al narco. Pero decir esto es una salida demasiado fácil, por tres razones:

Primero, porque, según los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de proteger. En un paí­s federal eso incluye ambos niveles: la federación y las entidades federativas. En lugar de responsabilizar cada uno al otro, ambos deberí­an desarrollar una polí­tica integral de protección; necesitan mostrar que realmente hacen todo lo posible para proteger a las personas amenazadas.

Segundo, porque existe una esfera de colusión entre autoridades y la delincuencia organizada, y porque en muchos casos los agentes del Estado cometen graves violaciones de derechos humanos. De hecho, cuando se trata de desapariciones, las familias nos han indicado que un alto porcentaje se trata de desapariciones propiamente forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o por personas que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia. De manera similar, las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas constatan que en muchos casos las amenazas vienen de agentes del Estado.

Y tercero, porque la enorme mayorí­a de los 125 asesinatos de periodistas cometidos entre 2000 y lo que va de 2017 –según la CNDH– han quedado impunes, así­ como las desapariciones. La Fiscalí­a para Delitos contra Libertad de Expresión ha sido, hasta la fecha, un ejemplo de ineficacia. El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este cí­rculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos.

Insistió en que después de esta nueva ola de asesinatos, "es bastante probable que vamos a escuchar llamamientos para poner en marcha una polí­tica de 'mano dura' contra el crimen organizado. Pero lo que se necesita no es mano dura. Lo que se necesita es un Estado de derecho".