La captura de las instituciones del Estado por parte del titular del Poder Ejecutivo federal es el primer paso para instaurar un régimen autoritario y representa una seria amenaza política y económica que crea incertidumbre sobre la vigencia de la democracia constitucional, el Estado de derecho y el desarrollo del país. En este escenario, la oposición parlamentaria representa el último recurso para revertir esta grave regresión histórica.

Por un lado, el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una argucia que se escuda en el combate a la corrupción para apoderarse del máximo órgano del Poder Judicial y convertir a la Corte en un instrumento al servicio del Ejecutivo federal.

Con la propuesta de Morena de ampliar el número de magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de 11 a 16), quienes serían nominados por el Ejecutivo federal buscando la aprobación del Senado de la República, se perderían la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se rompería el equilibrio de poderes, base de nuestro régimen constitucional. Esta concentración de poder en el Ejecutivo conduce, inevitablemente, a una autocracia y a la restricción del régimen de libertades y derechos.

Por otro lado, los nombramientos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) causan desconfianza en los inversionistas sobre el rumbo del sector energético, ante la centralización de las decisiones en la Presidencia de la República. Esta práctica de nombrar a los amigos, aunque no cumplan el requisito de especialización es, además, una forma de corrupción.

El desaseo en el nombramiento de los nuevos consejeros de la Comisión Reguladora De Energía, el relevo de los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos, así como el uso indebido de los Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) tienen detenidas inversiones millonarias y se agregan a la escasez de gas natural en el sector industrial, la cancelación de licitaciones y el incremento en el subsidio fiscal a las gasolinas (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS), que evita un alza mayor en los precios, pero beneficia menos a los consumidores más pobres.

El afán de revertir la reforma energética sin una propuesta alternativa viable, así como de mantener en su puesto al inexperto director general de Petróleos Mexicanos, está resultando muy costoso ante la posible nueva rebaja en la calificación de la empresa pública y la desaceleración del sector que apunta a una recesión y, por lo pronto, a un crecimiento negativo de la economía en el primer trimestre del año, según el consenso de los analistas.

Esta concentración del poder a costa de desmantelar las instituciones del Estado es ajena al mandato recibido en la elección presidencial y a la responsabilidad constitucional asumida el 1º de diciembre. Representa un abuso del poder presidencial y de la confianza de los ciudadanos, cuyas consecuencias comienzan a ser palpables (según el último indicador de confianza del consumidor, Inegi) y, lamentablemente, cada día más graves.