Abogados estadounidenses están informando de un alarmante aumento de llamadas pidiendo ayuda de parte las familias de los pacientes hospitalizados con COVID-19.

Algunos de ellos dicen que hablaron con familiares que fueron arrestados tras intentar visitar a un ser querido o hablar con un médico después de que se cortaran las comunicaciones con el hospital.

Los abogados informaron a The Epoch Times de una gran variedad de instancias que ellos denominaron abusos, como el hecho de que los hospitales impidan las visitas de los familiares, no proporcionen nutrición y líquidos a los pacientes y coaccionen a los pacientes para que acepten tratamientos que ya han rechazado en múltiples ocasiones, como la colocación de un respirador.

El abogado Jeff Childers, de Gainesville, Florida, está tan alarmado por los casos que ha visto, que publicó en Internet un tutorial con consejos sobre cómo afrontar los aspectos legales de la hospitalización con COVID-19.

Childers advierte que él no es un médico por lo que no ofrece consejos médicos.

Cuando su oficina recibe llamadas de familiares preocupados, el paciente en cuestión ya está conectado a un respirador y la familia está desesperada y preocupada por dicho tratamiento.

“En muchos casos, los hospitales se niegan a dar de alta al paciente, alegando que su estado es inestable, lo que significa que en algún momento puede resultar imposible salir del COVID express”, escribió Childers en su blog.

“Las quejas más comunes que recibimos incluyen que se presiona a los pacientes para que acepten el Remdesivir, que se les ha administrado Remdesivir a pesar de que se opusieron a él, o que el hospital no administrará tratamientos alternativos de uso común pese a que el paciente se encuentra en estado crítico donde los efectos secundarios son menos arriesgados que la muerte inminente”.

“He visto personalmente a hospitales gastar decenas de miles de dólares en abogados para mantener a los pacientes en sus instalaciones”.

Childers fue uno de los abogados que se enfrentó a la Clínica Mayo de Florida en los tribunales con la esperanza de ayudar a la familia de Daniel Pisano a probar los medicamentos que creían que le ayudarían. Los abogados de la Clínica Mayo se defendieron enérgicamente.

La familia Pisano también había tratado de organizar el traslado del abuelo y empresario de 70 años a un hospital donde pudiera recibir los medicamentos que un médico externo había dicho que podrían salvarle.

Pisano falleció mientras la familia seguía luchando por obtener los medicamentos alternativos para el anciano.

“Yo lo llamo secuestro médico”, dijo Childers. “Esto no ha terminado ni mucho menos”, añadió, aludiendo a que sigue enfrentándose a la Clínica Mayo.

La Clínica Mayo de Florida no ha respondido a las reiteradas peticiones de comentarios sobre el caso y los abogados del hospital pidieron a los jueces en múltiples ocasiones que sellen los documentos que puedan revelar sus argumentos.

En otro hospital de Naples, también en Florida, arrestaron a dos hermanas cuando ellas acudieron al centro médico para visitar a su padre o para tener una conversación con su médico, declaró el abogado Jim Boatman a The Epoch Times. El hospital dejó de responder a las peticiones de la familia para obtener información sobre su ser querido cuando empezaron a preguntar por los tratamientos alternativos, dijo Boatman.

Al final, las mujeres, que estuvieron brevemente en la cárcel por el delito, pensaron que podrían poner en riesgo el cuidado de su padre si presentaban una demanda, dijo Boatman a The Epoch Times.

La abogada Esther Bodek, de Aurora, Colorado, también conoce el caso de los familiares de un paciente que fueron arrestados cuando las comunicaciones con el hospital se estropearon. Ella dijo que las peticiones de las familias de los pacientes con COVID-19 han llegado a raudales desde noviembre.

“Es traumatizante”, dijo Bodek, “porque es un nivel de abusos de los derechos civiles con los que nunca me había encontrado en toda mi vida”.

En un caso tras otro, ella ha visto un patrón de separación de los pacientes con COVID-19 de sus familias y de restricción de las visitas. “Y durante ese período de tiempo suele ser cuando se les administra el remdesivir”.

Algunas familias que acuden a la abogada en busca de ayuda suelen oponerse enérgicamente al tratamiento con remdesivir. Cuando otros tratamientos han fracasado, quieren desesperadamente probar fármacos que el hospital no permite, como la ivermectina y las vitaminas.

Éstas forman parte de un protocolo popular utilizado por médicos independientes de todo el país y por personas que se tratan a sí mismas en casa.

Bodek ha luchado muchas veces para obtener esos medicamentos como último esfuerzo para salvar a un paciente y dice que la resistencia a la que se enfrenta cuando trata con los hospitales es enloquecedora.

“Cualquier pregunta sobre el tratamiento da lugar a una lucha inmediata [por parte del personal del hospital], es lo que he visto en el patrón de nuestros casos”, dijo la abogada.

Entre los clientes de Bodek, a algunos se les ha negado el suministro de líquidos y la alimentación hasta el punto de estar cerca de morir de hambre. Desde que aceptó esos casos, trabaja día y noche los siete días de la semana.

El fin de semana, “estaré hablando por teléfono con alguien que llora”, indicó a continuación. “El hospital les dice que ellos quieren desconectarlo y están tratando de tomar una decisión. El médico dice: ‘Vamos a desconectarle el soporte vital’. Y yo tendré que decir: ‘¡No! Esa no es su decisión'”.

Una de sus clientas, que trabaja en la facturación de un hospital, le dijo que los hospitales reciben una bonificación de 17,000 dólares del gobierno federal por cada paciente al que se le confirma que tiene COVID-19, indicó Bodek. Según la clienta, además se paga una bonificación de 37,000 dólares por cada paciente que se conecta a un respirador.

“Ella trabaja en la facturación del hospital, así que ella lo debe saber”, añadió Bodek.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no han respondido a las solicitudes de más detalles sobre los pagos efectuados a los hospitales por el tratamiento de los pacientes con COVID-19.

El consejo de Bodek es “Manténgase fuera del hospital, pase lo que pase. Y si se da el caso de que le ingresen, haga que se redacte inmediatamente un poder médico para decir no al remdesivir”.

Ella está estudiando la posibilidad de interponer una demanda por violación de los derechos civiles si las reclamaciones por negligencia médica no dan resultado.

“Estoy decidida a encontrar una manera de detener este abuso”, dijo Bodek. “Definitivamente es una lucha que no vamos a abandonar”.

El abogado Gerard Forgét, de Omaha, Nebraska, especializado en fideicomisos y herencias, se puso en contacto con The Epoch Times con la esperanza de ofrecer un consejo similar a los lectores.

Los hospitales suelen pedir a los pacientes que ingresan que firmen una directiva de atención sanitaria o un testamento vital en el que indiquen de antemano las decisiones sobre si se les va a poner o no un soporte vital.

“Yo aconsejo a mis clientes que no lo hagan”, dijo Forgét. Firmar uno de esos documentos “confiere a su médico una autoridad que sustituye a su cónyuge o a otros miembros de la familia. Eso puede tener resultados trágicos”.

Dar a un médico ese poder significa que puede retirar el soporte vital sin consultar a la familia, dice. “¡Firmar eso le da a su médico permiso para matarle!”

Los problemas de la sanidad estadounidense tardarán mucho tiempo en corregirse, afirmó Childers.

“La bendición es que COVID ha sacado a la luz los problemas” de la atención sanitaria, añadió el abogado. “Estos no fueron creados por COVID. COVID nos mostró dónde están” estos problemas.