WASHINGTON  — La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes que parte de una ley federal que facilita la deportación de inmigrantes que fueron declarados culpables de delitos no se puede aplicar porque es demasiado confusa.

La decisión por 5-4 _en la que el nuevo magistrado Neil Gorsuch se sumó a la postura de cuatro magistrados liberales_ se centra en una cláusula de la ley de inmigración que define “delito violento”. Si un inmigrante es declarado culpable de un delito violento su deportación es “prácticamente segura”, sin importar cuánto tiempo haya vivido en Estados Unidos, escribió la magistrada Elena Kagan en su opinión por la corte.

La decisión supone un revés para el gobierno del presidente Donald Trump que insiste en una aplicación más estricta de la ley de inmigración. En este caso, el gobierno del presidente Barack Obama había adoptado la misma posición en la Corte Suprema en defensa de la cláusula impugnada. Trump tuiteó el martes que la decisión de la corte “significa que el Congreso debe cerrar los recovecos que impiden echar del país a peligrosos delincuentes extranjeros”.

Gorsuch no apoyó toda la opinión de Kagan, pero coincidió con ella en que la ley no puede continuar como está. Gorsuch escribió que “nadie debe sorprenderse que la Constitución parezca inclemente sobre cualquier ley tan vaga que las personas razonables no puedan comprender sus términos y los jueces no sepan dónde comenzar a aplicarla”.

El caso se sustentó en un fallo de 2015 que anuló una parte redactada en forma similar de otra ley federal que impone sentencias mayores de prisión a criminales reincidentes.

El fallo de 2015 “nos dice cómo resolver este caso”, escribió Kagan.

La decisión del martes se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que llegó ilegalmente a Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años. Después de que concertara con la fiscalía no impugnar dos cargos de robo en California, el gobierno comenzó los procedimientos para deportarlo. El gobierno argumentó que Dimaya podía ser deportado debido a que los cargos por los que fue declarado culpable podrían clasificarse como delitos violentos que permitirían deportarlo de acuerdo a la ley de inmigración.

Las autoridades de inmigración habían basado su proceder en una sección de la ley de inmigración que señala los delitos por los procede la deportación de una persona. La categoría en la que caían los cargos por los que Dimaya fue declarado culpable correspondía a un crimen “que por su propia naturaleza, implican un riesgo sustancial de la posible utilización de la fuerza física... durante la comisión del delito”.

Los jueces de inmigración habrían permitido que Dimaya fuera deportado, pero la corte federal de apelaciones de San Francisco derogó la cláusula por considerarla vaga. La Corte Suprema ratificó ese fallo el martes.