Seis años después de la revuelta que expulsó a Hosni Mubarak del poder, la frustración acompaña el día a día de los activistas egipcios, que severamente reprimidos, ven difícil cómo conservar la esperanza.
El régimen del presidente Abdel Fatah al Sisi, exjefe del ejército, es acusado por sus detractores de haber cerrado el paréntesis democrático abierto con la revuelta de 2011.
En un país sumido en una grave crisis económica, Sisi, investido presidente tras destituir en 2013 a su predecesor, Mohamed Mursi, no tolera ningún tipo de oposición.
"La situación es desoladora", suspira Esraa Abdel Fatah, al pasar por la plaza Tahrir, epicentro de aquella revuelta que vio a cientos de miles de egipcios acampar para obtener en 2011 la partida de Mubarak después de 30 años en el poder.
"Estoy triste por la sangre derramada en vano", lamenta esta militante de 38 años, en referencia a los centenares de manifestantes muertos por la represión a la revuelta que comenzó el 25 de enero de 2011.
La juventud que había participado en la revuelta está hoy desilusionada, como Ahmed, farmacéutico de 32 años.
"Es un combate diario para nuestra supervivencia", lamenta este padre de familia que había participado en las manifestaciones de 2011 y que hoy busca emigrar a cualquier precio.
"La lucha por la democracia y los derechos humanos se ha transformado en un combate diario por encontrar productos básicos para mi familia", dice.
- 'Sólo partir' -
Desde hace varios meses, los egipcios se enfrentan a la inflación y escasez de productos de primera necesidad.
Una tendencia agravada por las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno para obtener un préstamo de 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Antes estaba dispuesto a morir por este país, ahora sólo quiero irme", lanza Ahmed.
"Hay mucha ira contenida en la gente" debido a la situación económica, señala la politóloga May Mugib. "Pero a pesar de ello, nadie quiere otra revolución, los egipcios están cansados después de una revuelta que no tuvo los resultados esperados", explica.
En esta mañana de enero, Abdel Fatah, que desde hace dos años tiene prohibido dejar el territorio, acaba de asistir a una decisión de la justicia de congelar los haberes de dos organizaciones no gubernamentales, así como los de sus fundadores.
La decisión se tomó en el marco de una vasta investigación sobre el financiamiento extranjero de la sociedad civil, que ya condujo a congelar los haberes de varias ONG y de célebres defensores de los derechos humanos.
Los meses que siguieron a la destitución de Mursi, las autoridades persiguieron a sus partidarios islamistas. Centenares de manifestantes murieron a manos de las fuerzas del orden y miles más terminaron entre rejas.
- 'Medio prisionero' -
Pero la represión se amplió rápidamente para incluir a la juventud laica y de izquierda y decenas de militantes terminaron en prisión por manifestaciones organizadas sin autorización.
"La revolución volvió al punto cero", dice Mozn Hasan, fundadora de la organización Nazra para los estudios feministas, concernida por la congelación de haberes. "Debemos defendernos ante la justicia por acusaciones sin fundamento", añade.
Esta militante de 37 años también es objeto desde hace varios meses de una prohibición de dejar el territorio.
Medidas que "se inscriben en el marco de una amplia campaña de represión contra las voces críticas independientes", denunciaron recientemente Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
El movimiento 6 de Abril, uno de los principales instigadores de la revuelta de 2011, fue prohibido por las autoridades.
Uno de sus fundadores, Ahmed Maher, acaba de purgar tres años de prisión por enfrentamientos al margen de una manifestación. Se encuentra ahora bajo control judicial.
"Soy un 'medio prisionero'", ironiza el militante de 36 años, que debe pasar todas las noches por la comisaría de su barrio.
"Estamos agotados", reconoce por su parte el fotoperiodista Ahmed Gamal Ziada, que sale de dos años de prisión tras su arresto al margen de una manifestación que estaba cubriendo.
