Monterrey.- Al reconocer que la labor del Tribunal Electoral de Nuevo León fue privilegiando la legalidad y la democracia, al ordenar a la Comisión Estatal Electoral revertir el resultado de las elecciones en Monterrey y Guadalupe en favor los candidatos del PRI, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, Pedro Pablo Treviño Villarreal, señaló que defenderán este triunfo ante las instancias legales que corresponda.

  Acompañado de los ahora virtuales candidatos electos de Monterrey y Guadalupe, Adrián de la Garza Santos y Cristina Díaz, respectivamente, así como de Felipe Enríquez, secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y Lorena de la Garza, secretaria general del CDE, Treviño Villarreal afirmó que están conscientes de que el PAN impugnará la resolución del TEE pero que están confiados en que les asiste la razón.

  "Hoy se dio un fallo histórico en favor de la legalidad y la democracia, por parte del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, reconocemos la sentencia emitida en la que se consideran y califican las ilegalidades e irregularidades que se registraron en las diversas casillas durante la jornada electoral del primero de julio", manifestó.

  Indicó que el PRI lo que hizo fue defender el voto ciudadano, pues si no se hubiese registrado una jornada electoral con tantas irregularidades como la que se vivió, desde el primero de julio la Comisión Estatal Electoral les hubiera entregado las constancias de mayoría, “no fue así por como se manejó la elección”, aseveró.

  Y agregó, "hoy el Tribunal Estatal Electoral cambia esa visión y le da a los ciudadanos el respeto que deben tener en una elección como la que se llevó a cabo el primero de julio, hoy ganan los ciudadanos de Monterrey y de Guadalupe y de Nuevo León", enfatizó.

  Afirmó que la sentencia del Tribunal innegablemente se apega a los principios de justicia, imparcialidad y objetividad con que debe actuar toda autoridad electoral y privilegia la aplicación de la ley para garantizar los preceptos constitucionales, que otorgan certeza al proceso electoral.

  Por su parte, Adrián de la Garza indicó que está satisfecho con la resolución del TEE que respalda lo que desde las primeras horas después de terminada la contienda electoral del primero de julio señaló en relación a la existencia de irregularidades graves que se presentaron ese día.

   “Como en el caso de Monterrey donde se robaron, porque hay que decirlo nunca aparecieron, más de 90 casillas, este es un hecho sin precedentes en la historia electoral del Estado y quizá del país”, expresó.

"Las miles de pruebas que presentamos en su momento, eran pruebas irrefutables, en donde estábamos acreditando las mañas, las raterías que quisieron hacer en la pasada elección, y las cuáles señalamos con pruebas contundentes”, agregó.

  Asimismo, Cristina Díaz afirmó que la justica electoral prevaleció en el Tribunal Electoral de Nuevo León, defendiendo los derechos político-electorales de los ciudadanos, con lo cual se congratuló y aseguró que ahora lo que sigue es defender a toda costa este triunfo que se les ha reconocido al comprobar las anomalías registradas en la pasada elección.

   “La sentencia del día de hoy (viernes), refrenda principios fundamentales en materia de derecho electoral, como lo son la legalidad, la transparencia, la claridad, la certeza y la autenticidad de las elecciones, la resolución que dictó el Tribunal Estatal Electoral garantiza y protege a los votantes”, mencionó.

   “Es muy importante señalar que ganó la verdad, ganó la legalidad, y que hizo valer, el Tribunal Estatal Electoral, el voto de los ciudadanos de Guadalupe, ganó la justicia electoral; en el sistema electoral mexicano se gana por un voto, por siete, por cien, por mil, lo importante es que cada voto que se emita, sea un voto transparente”, finalizó.

  Cabe destacar que tanto Treviño Villarreal, así como Héctor Gutiérrez de la Garza, secretario de Organización del CEN del PRI y Felipe Enríquez estuvieron presentes en la sesión del Tribunal Electoral del Nuevo León en el que se dio el fallo sobre los casos de Monterrey y Guadalupe.