Este estado se encuentra en medio del proceso electoral donde se juegan 544 cargos y de un proceso judicial que la FGR tiene en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

Convertido en el ojo del huracán sin que medie disputa por la gubernatura, Tamaulipas vive actualmente dos procesos que tiene en vilo a la política local y nacional: el electoral y judicial que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

Este miércoles, se conoció que la FGR había logrado que un juez emitiera una orden de captura en contra del gobernador panista, quien está acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que es calificado por miembros de Acción Nacional de persecución política y electoral.

El proceso de desafuero iniciado en la Cámara de Diputados contra el mandatario de extracción panista, atrajo todos los reflectores al estado tamaulipeco, que el 5 de marzo inició campañas y concluirán, al igual que en todos los procesos locales de los 32 estados con elección concurrente, el 6 de junio.

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la Sección Instructora y erigido en Jurado de Procedencia, votó a favor del juicio de procedencia para retirar el fuero a García Cabeza de Vaca por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La FGR y la UIF lo acusan de haber detectado irregularidades en su patrimonio, al señalar que existe una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones y a su familia y los ingresos que pudo obtener como servidor público, demás de que se detectaron esquemas irregulares de compra.

El Congreso de Tamulipas —de mayoría panista— hizo lo propio y determinó que no procedía el desafuero, dado que el mandatario fue electo de manera democrática, por lo que a la par, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que hace unos días desechó la controversia.

La Corte publicó en sus estrados la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de desechar el recurso legal por considerarlo "improcedente" y ante ello, surgieron diversas posturas sobre el desafuero del panista.

Entre ellas, la del Jefe del Ejecutivo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coinciden que Francisco Cabeza de Vaca, ya no tiene fuero.

Mientras se debatía si el gobernador tenía fuero o no, este miércoles la noticia de la ordeb de aprehensión girada en su contra se dio por parte de los coordinadores de las bancadas morenistas en el Congreso se informó que un juez federal giró orden de aprehesión contra el mandatario panista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ordenó el congelamiento de sus cuentas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), emitió una alerta migratoria a nombre del político tamaulipeco, a solicitud de la propia Fiscalía, con el fin de verificar, registrar e informar a la FGR sobre los movimientos de ingreso y salida del mandatario local a través de "todos los puntos de internación, sean aéreos, marítimos o terrestres, del territorio nacional".

Horas después de que se conociera la orden de aprehensión girada en su contra, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó al gobierno federal y a su partido Morena de usar la justicia para perseguir opositores.

En un comunicado emitido la noche de este miércoles, dejó claro que la decisión de proceder en su contra se tomó en Palacio Nacional y aseguró que se defenderá de las falsas imputaciones, de las cuales, "no me han dejado defenderme".

"Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral va en franco declive", acusó tras romper el silencio que había mantenido a lo largo del día y lamentó que se haya violentado la decisión de un Congreso soberano y desoyendo a la Suprema Corte.

Por su parre, el líder panista, Marko Cortés, denunció que desde Palacio Nacional, "se está fraguando un golpe para limitar la fuerza de Tamaulipas y quiere debilitar la fuerza del estado desde el centro del país".

Al respecto, Francisco Burgoa, Abogado constitucionalista, dejó claro que el gobernador albiazul conserva su fuero, su inmunidad procesal y será hasta el 2022, una vez que concluya su mandato, que se podrá continuar con el proceso por el que se le acusa.

En entrevista con Expansión Política, aclaró que la posible detención del gobernador tamaulipeco representaría un "atentado contra la República".

Además, el hecho de que un Juez Federal "con los ojos cerrados" otorgue una orden de aprehensión en su contra y se le llegara a detener, sería una acción indebida, dado que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento.

Lo anterior, en virtud de que el artículo 111 párrafo quinto de la Constitución hace una distinción entre servidores públicos federales, en donde la Cámara de Diputados los desafora y en todo caso, los pone a disposición de un juez, al separarlos previamente.

"En el caso de los servidores públicos locales: Gobernador, diputados locales y magistrados de los poderes judiciales de los estados, dice muy claramente que los efectos de la declaración que haga la Cámara de Diputados serán para comunicar a las legislaturas de los estados para que procedan como corresponda", refiere el académico de la UNAM.

En materia electoral, lo que está en juego el 6 de junio son 544 cargos de elección popular: 36 diputaciones locales (22 de Mayoría Relativa y 14 de Representación Proporcional), 43 presidencias municipales y 407 regidurías.

La 64 Legislatura está integrada por 35 diputaciones locales, de los cuales 2 1 corresponden al Partido Acción Nacional (PAN); diez a Morena, tres al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de Movimiento Ciudadano (MC).

Tamaulipas cuenta además con 43 ayuntamientos, de los cuales el PAN encabeza 31, incluida la capital del estado, Ciudad Victoria, además de Nuevo Laredo, Tampico, Reynosa, Altamira, Camargo, Hidalgo y Mante, entre otras.

El priismo mantiene seis alcaldes: Abasolo, Bustamante, Guerrero, Miguel Alemá, San Carlos y San Nicolás. Morena cuenta con cinco, Matamoros, Ciudad Madero, Cruillas, Güémez y Gustavo Díaz Ordaz, mientras que hay un solo un independiente en el municipio de Llera.

La disputa por municipios "clave", se da en medio de la controversia por el desafuero y orden de aprehensión en contra del gobernador, donde la ciudadanía tamaulipeca redefinirá con su voto el mapa político que incluye cinco de las ciudades más importantes del norte de la República, entre ellas, Reynosa, productor de hortalizas y cultivos. Además, la fronteriza Matamoros; Nuevo Laredo que forma parte del área metropolitana con Laredo, Texas y uno de los principales puertos del Golfo de México como es Tampico, sin dejar de lado la capital del estado, Ciudad Victoria.

En cuanto a población, Reynosa, cuenta con 691,557 habitantes; Matamoros, con 510,739; Nuevo Laredo, 416,055; Ciudad Victoria, 332,100 y Tampico con 297,373. Tan solo en esos cinco municipios se concentra el 64% de la población, es decir, 2,248,424 habitantes de un total de 3,468,654, de ahí la importancia de mantener estas posiciones políticas, toda vez que desde el punto de vista demográfico, pues viven seis de cada diez habitantes.

Hasta el corte del 31 de marzo, el padrón electoral de Tamaulipas lo integran 2,773,523 ciudadanos, mientras que la lista nominal es de 2 ,746, 580