Dolorosamente, la muerte sigue campeando en una minería precaria, llena de corrupción y riesgos, actividad a la que las víctimas llegan por hambre

 “La seguridad no es algo costoso… no tiene precio”. Proverbio minero.

 ¿Ocho, nueve, diez, once? ¿”El Pinabete”, “El Mezquite”, “Las Conchitas”? ¿Una mina, un pozo, tres pozos? ¿Solís, Zapata, García Luna, Acuña?

 Pasaron horas y días pero nadie sabía el nombre de los pozos inundados, tampoco el número y nombres de trabajadores en el interior al momento del siniestro y menos el dueño real de los pozos tras el prestanombres que ahora será chivo expiatorio.

 Ni un papel escrito a mano con la identidad de quienes ingresaron -inicio de una mínima práctica de seguridad- y menos documentos técnicos sobre la explotación subterránea.

 El responsable de operar huyó y lo mismo hicieron los culpables mayores: Manuel Bartlett, cobijado en su ya legendario cinismo, y Luisa María Alcalde, oculta bajo su indiscutible ineptitud.

 La secretaria de Trabajo se escudó en que no había señalamiento previo de inseguridad. Sin duda así era, porque su dependencia nunca revisó los pozos y no pudo hacerlo porque la subdelegación en la Región Carbonífera, víctima de la “pobreza franciscana”, fue diezmada y los inspectores que sobreviven no tienen recursos para realizar su trabajo.

 Ella y el Director General de la Comisión Federal de Electricidad, los reales y grandes culpables de la tragedia, habían recibido reiteradas advertencias sobre la cauda de riesgos al otorgar pedidos sin verificar previamente que minas, cuevas y pozos cumplieran las normas de seguridad y ambientales, como mínimo.

 Precisamente este portal, INFONOR, ha dado seguimiento puntual, con datos y pruebas, a la suma de irregularidades -históricas algunas- que hacían predecible una ola de siniestros.

Desencadenada la tragedia, quedaron al trasluz todas las miserias del Gobierno Federal.

 Primero, mala calidad de información interna y nulo conocimiento técnico.

 En la primera homilía matinal en que lo abordó, mal informado y en la manipulación para distanciarse de la responsabilidad sobre el caso, el Presidente sembró la idea de una movilización experta para resolver a la brevedad el siniestro y dijo que se enviaban elementos de las fuerzas armadas “con binomios caninos”, para localizar a los mineros.

 “Debería enviar delfines, porque esto es una inundación”, comentaron entre los rescatistas, con un humor tan negro como el carbón del subsuelo.

 Profundizó en la ignorancia gubernamental al anunciar el envío de buzos militares, idea eficaz para una imaginaria popular ávida de esperanzas y heroísmo, pero en la realidad imposibilitados de actuar en las dimensiones de un pozo, lleno además de obstáculos.

 Fiel al estilo sexenal, Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil y principal enviada, en su primer informe se esforzó en que el Presidente supiera que esa noche había hecho el patriótico sacrificio de no dormir.

 Sobre la visita de ayer, solo una pregunta: ¿A que vino? Quizás, curita electoral…

La nula capacidad del gobierno se refrendó en el llamado a que empresas y particulares pudieran facilitar bombas para realizar el urgente desagüe.

 Sin conocimiento de minería, el contingente uniformado terminó construyendo una inexplicable valla visual para alejarse de las miradas de los desesperados familiares, mientras la planeación y el trabajo técnico quedó a cargo de expertos en minería y carbón, centralmente de Minera del Norte.

 Parecen detalles, pero la suma de ellos muestra precariedad en un país que, a la hora de enfrentar contingencias generadas por catástrofes naturales o siniestros industriales, cuenta únicamente con la solidaridad de la población y la palabrería de las autoridades.

 El esfuerzo del gobierno federal se ha centrado en soslayar sus culpas -principalmente de Alcalde y Bartlett- y como ha sucedido en cada uno de los siniestros anteriores -con este y los pasados gobiernos- antes o en seguida del rescate de los cuerpos de los mineros ahogados vendrán las promesas, nunca cumplidas o a medias.

 Al canto, algunas pruebas que desnudan a los que pregonan ser distintos:

- Comprometieron la no repetición de siniestros carboneros, acabar con la corrupción y cumplir derechos. La realidad que los persigue debería avergonzarlos.

 - Dieciséis años después de la tragedia de Pasta de Conchos, al igual que antes, en este gobierno no hay culpables ni sanciones, solo promesas y trabajo de zapa para dividir y enfrentar a los deudos. Además, reivindicaron a un responsable directo, Napoleón.

- Después de ese conmocionarte siniestro, la vigilancia de viudas de mineros, como coadyuvantes de la Secretaría del Trabajo, permitió detectar pozos y cuevas inseguras e ilegales. Hubo un período con disminución de accidentes, pero el actual gobierno no solo eliminó inspectores y presupuesto, también quitó esa facultad a la Organización Familia Pasta de Conchos.

 - Pasó un año de la inundación de la cueva en Rancherías, con siete mineros fallecidos, y tampoco hay culpable ni sanciones, mientras viudas y deudos luchan por pensiones e indemnizaciones miserables.

 - En un país que tiene a la minería entre las principales actividades industriales, el Presidente hace de las empresas blanco repetido de su hígado y, más aún, eliminó la Subsecretaría de Minería. Hoy el control de la actividad está desperdigado o no existe.

 - En el carbón, esa decisión absurda ha facilitado la nebulosidad en una actividad plagada de prestanombres, como lo demuestra precisamente el enjambre de complicidades al determinar responsabilidades sobre este siniestro.

 - Al politizar las compras, como comprobó el direccionamiento electoral previo a los comicios de 2021, el actual director de la CFE agravó la corrupción que siempre ha existido en los contratos para la pequeña y mediana minería del carbón.

 - La propia adquisición de ese carbón no tiene más sentido que una manipulación populista. Las carboeléctricas de la CFE en Nava fueron diseñadas para el carbón térmico de la cuenca de Río Escondido y solo pueden utilizar una porción de carbón metalúrgico, en una mezcla de 75/25. Hoy no reciben carbón térmico.

 - Por venganza política, en la persecución contra Alonso Ancira, principal accionista de Minera del Norte, Manuel Bartlett canceló los contratos de suministro de MICARE. Generó pérdidas millonarias a la empresa, la desaparición de 12 mil empleos entre directos e indirectos y dejó sin suministro a sus plantas.

 - Resultado, la José López Portillo y Carbón 2 funcionan a 12 por ciento de capacidad, reciben carbón metalúrgico que varios proveedores beneficiados aumentan con lamas de desperdicio y que luego la CFE mezcla con diésel y combustóleo. La irracional práctica no solo daña equipos y acorta la vida de las plantas, también genera alta contaminación. Lo prueban reclamos de comunidades cercanas y el humo negro que reemplazó al gris en las chimeneas en actividad.

 Dolorosamente, la muerte sigue campeando en una minería precaria, llena de corrupción y riesgos, actividad a la que las víctimas llegan por hambre, en una región en la que los gobiernos de todos los niveles y colores se han despreocupado de construir otras opciones económicas.

 Y también allí, para los mineros del carbón los que no son iguales demuestran que son peores.

https://www.infonor.com.mx/articulo/entry/irresponsables-ineptos-y-cinicos