Ciudad de México.- Diputados de diversas fuerzas políticas coinciden en que la Ley de Seguridad Interior debe incluir la justificación y el costo de la intervención de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, una declaratoria de protección presentada por el presidente de la República, el tiempo de intervención, el número de elementos y quiénes serán los encargados de los operativos.
Los legisladores coinciden especialmente en un aspecto: que la intervención del Ejército sea por tiempo definido.
Por lo anterior convinieron que a la par de esta ley se desempolven las propuestas y la minuta en materia de seguridad pública con el objetivo de darle fuerza al mando único policial porque a su parecer, los gobiernos estatales y municipales han dejado la mayor parte de las tareas a las fuerzas federales, aunque éstas no les correspondan.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, adelantó que diputados y senadores acordaron que la iniciativa base de la discusión sea la que presentó junto a la diputada Martha Tamayo a finales de octubre.
Esta iniciativa para crear la Ley de Seguridad Interior precisa que la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado se hará a través de una declaratoria de Protección a la Seguridad Interior que especifique las acciones que estarán a cargo de soldados y marinos y el tiempo en que actuarán.
Advierte que el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas o de los gobernadores, podrá ordenar la implementación "gradual" de acciones de seguridad interior.
La intervención de las fuerzas armadas sólo será cuando actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes, o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico.
Tanto ésta como la iniciativa presentada por el diputado del PAN, Jorge Ramos, en noviembre del 2015, plantea la definición de seguridad interior y en qué casos podría actuar el Ejército y la Marina para que evitar ideas erróneas de que hay militarización en las calles.
Hay un punto que para los legisladores puede ser uno de los más delicados en la negociación de la ley y es el saber hasta dónde podrá intervenir el Poder Legislativo.
El expresidente del Senado, Roberto Gil, propuso que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional recomiende y dictamine la terminación de una declaratoria, misma que puede votar el Pleno del Senado de la República. Pero la iniciativa del PRI, la de Camacho y Tamayo, sólo plantea que el Secretario de Gobernación remita un informe a la Comisión Bicamaral.
En enero, las Cámaras de Diputados y Senadores harán foros con expertos en materia de seguridad interior, incluso con los secretarios de la Defensa Nacional y Marina. Se prevé que no haya periodo extraordinario, sino que la ley sea prioridad en febrero, cuando comience el ordinario.
