Lo más grave de la serie de amparos tramitados por el Ejecutivo ante un cuestionado juez de distrito de Reynosa, no es sólo el intento de bloquear la tarea del Congreso del Estado, sino el artero atentado al orden constitucional que han llevado a cabo, el cual siempre debe prevalecer en Nuevo León.

 Las últimas suspensiones provisionales con las que el Ejecutivo del Estado pretende anular los decretos aprobados por el Congreso del Estado, dictadas por el juez de distrito octavo de Tamaulipas, son inverosímiles y llama la atención que el Consejo de la Judicatura Federal no se pronuncie por las resoluciones ambiguas y hasta contradictorias que ha emitido para evitar que el Poder Legislativo, en uso de sus facultades constitucionales, modifique la Constitución local y las leyes secundarias.

 Se trata del mismo juez que otorgó un amparo al ex gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, para anular la orden de aprehensión que tenía en su contra, motivo por el cual la Fiscalía General de la República ya lo investiga.

 La más reciente suspensión provisional de plano es digna de aparecer en las novelas de Franz Kafka, porque argumenta que el Congreso no puede reformar la Constitución ni otras leyes que afecten al Ejecutivo, porque no procede la retroactividad, así que las leyes y decretos que apruebe el Congreso tendrán aplicación a partir del año 2027, cuando se elija otro gobernante. Ni la “Tremenda Corte de Tres Patines” dictaba sentencias tan absurdas como ésta pieza del surrealismo judicial.

 Al paso que vamos, sólo falta que desde el Ejecutivo se disuelva al Congreso, porque al Gobernador le resulta incómodo gobernar con ellos, y no acepta tener un contrapeso en el Legislativo.

 Es un berrinche, dijo el Secretario de Gobierno; es un show, declaró la bancada naranja; es una falta de respeto a los votantes, señaló el senador suplente del actual Gobernador.

 Pues no es ni berrinche ni show, es un atentado al orden constitucional del Estado y al sistema democrático que rige a la sociedad nuevoleoneses. Es un ataque a la soberanía de un poder legalmente constituido que representa a las y los ciudadanos de todo el estado. 

 Y lejos de ser una falta de respeto a los votantes, es una muestra de las y los legisladores de defender a las y los ciudadanos de la barbarie jurídica que entre el ejecutivo y su juez favorito quieren someter al Estado. ¿Para qué querríamos los ciudadanos unos diputados inútiles que no pueden legislar, que no pueden ser un verdadero contrapeso y que no pueden representarnos dignamente?

 En respuesta a este atentado constitucional, el Congreso dejará de sesionar hasta que el Consejo de la Judicatura Federal investigue al juez tamaulipeco y deseche de plano las suspensiones provisionales dictadas.

   El Congreso merece respeto y es de esperarse que las y los legisladores obtengan el triunfo ante las arbitrariedades que entre el Ejecutivo y el controvertido juez reynosense pretenden atentar contra la independencia y soberanía del Poder Legislativo y contra la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.