COMUNICADO  DE PRENSA

A la opinión pública:

22 de Diciembre de 2017

Ciudad de México.- En México, hemos hecho grandes esfuerzos por contar con un Estado de Derecho basado en el Sistema Internacional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.  

En ese sentido, para hacer cumplir la ley, el primer postulado requiere que las autoridades se conduzcan con estricto apego a la ley, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.  

El lunes, un diario de circulación nacional publicó un reportaje basado en filtraciones y conjeturas inverosímiles surgidas a partir de una indagatoria que realiza la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en el que, a partir de declaraciones de  un “testigo protegido o  beneficiado”, figura de oprobio judicial que creímos erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, se imputaban   nexos   y   conexiones   que   no   existen   ni   existieron   entre funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016.  

Al día siguiente, el martes, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó categóricamente que no tenían elementos que confirmaran la participación de  ex  funcionarios del  PRI  Nacional  en  las  indagatorias que  realizaba  la Procuraduría de Chihuahua y que tuviera el significado que en los medios se pretendía dar a imputaciones dolosas y falsas.  

El miércoles, nos enteramos de la detención de un colaborador cercano, el ex Secretario Adjunto al CEN, Alejandro Gutiérrez, porque el referido testigo protegido “le había dicho que le dijo que habría una trama financiera urdida en altos círculos gubernamentales y del partido”. Así, sin más, sin alguna prueba  que  tenga  validez  judicial,  Alejandro  Gutiérrez  fue  detenido  en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad. 

Lo que es verdaderamente grave es que se está cometiendo un daño moral deliberado por las autoridades del Estado de Chihuahua, en busca de notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro sistema jurídico. Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, las notas periodísticas, los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios, que es lo común en los “testigos protegidos”, habitualmente delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan, no son prueba plena ante los tribunales, debiendo ser inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley. Recordemos que esa figura del “testigo protegido” nos tiene acostumbrados a asociarlos con la mentira. 

Además, el Fiscal de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes son indebidamente mencionados en la investigación de referencia.  

Lamentablemente, el  gobernador  Javier  Corral  y  el  Fiscal  del  Estado  de Chihuahua, han  faltado  a  su  deber  y  vulnerado la  justicia  al  actuar  con “testigos  protegidos” que  aportan  declaraciones a  modo,  para  alimentar irresponsablemente   con   filtraciones   la   hoguera   mediática   buscando beneficios en la temporada electoral. 

Ante la abierta, evidente y flagrante violación del debido proceso, es que seguramente todos  quienes  se  han  visto  agraviados deberán acudir  a  la justicia federal para que sea un órgano autónomo e independiente quien salvaguarde sus derechos humanos y las garantías constitucionales para su protección.

Quiero dejar en claro que:

•   El Presidente de un partido político carece de facultades para disponer de  recursos federales provenientes de  la  Secretaría de  Hacienda y Crédito Público.

•   La transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda hacia los gobiernos locales no es un tema de partido, sino que se trata de una actividad regulada por las leyes, como el Presupuesto de Egresos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.