Recientemente ha vuelto a ser centro del debate el costo de los procesos electorales en el país. Por un lado, la posición oficial del gobierno de la República es la de bajar el gasto por considerar que es abusivo, injusto e innecesario, y por otra, los Consejeros del INE declaran que de no prosperar la acción de inconstitucionalidad que han promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar el llamado Plan B, estarán en riesgo las próximas elecciones y todo el sistema electoral mexicano. 

 Nos queda claro que las elecciones tienen un costo en todo el mundo. Lo que faltaría ver es si las que organiza el INE son de las más costosas. En nuestro país sabemos lo que cuesta la democracia desde que se creó el INE, inicialmente denominado IFE, porque se le asigna un presupuesto anual y tiene que enviar su cuenta pública para que sea aprobada por el poder Legislativo. 

 Al revisar los presupuestos vemos con preocupación que el recurso anual que le autorizan al Instituto ha mostrado un comportamiento a la baja desde el inicio del actual sexenio, ya que en 2018 su presupuesto fue 23,998 millones de pesos, al siguiente año, por ser no electoral, se redujo a 15,363 millones. Para el año electoral 2021, comparado con el 2018, el presupuesto se redujo a 19,593 millones de pesos.

 Si se considera que la tasa de inflación acumulada de diciembre de 2018 a diciembre del 2022, fue del 22.7 por ciento, se puede concluir que la afectación presupuestal al INE es evidente y determinante.

 Cabe señalar que estos presupuestos se incluyen el financiamiento a todos los partidos políticos, la organización de las elecciones, el pago a espacios publicitarios de los partidos políticos y desde luego, la menor parte del presupuesto es para pagar funcionarios electorales en los 300 distritos, así como las vocalías ejecutivas en cada entidad de la república y la estructura del Consejo Electoral, además del pago de las rentas de los inmuebles donde están ubicadas las oficinas en todo el país.

 No hay sistemas electorales perfectos en el mundo, pero todos implican un costo, lo importante es determinar cuándo es excesivo. 

 En algunos países, como en los Estados Unidos, no hay límite para el financiamiento de particulares a las campañas electorales, porque el dinero público es reducido. Es decir, los grandes capitales pagan las campañas de los candidatos y éstos, cuando llegan poder, tienen que atender los intereses de las empresas, antes que los ciudadanos.

 En los sistemas electorales donde prevalece el dinero público, se busca una mayor equidad en el reparto de recursos. En México un porcentaje del financiamiento público se distribuye de manera equitativa y el resto la mayor parte, de conformidad a la votación obtenida en la última elección. Las aportaciones de particulares no son significativas.

 Si establecemos una relación entre el presupuesto del INE y los votos emitidos, en las elecciones de 2018 y 2021, encontramos diferencias importantes. 

 En 2018 el presupuesto del INE fue de casi 24 mil millones de pesos y los votantes que llegaron a las urnas fueron –datos del INE- poco más de 55 millones de electores, lo que arroja, en una división simple que cada voto depositado en las urnas tuvo un costo de 436 pesos. En 2021, con menor presupuesto, -19 593 millones de pesos- y con una votación de 48.7 millones de votantes, el costo del voto se redujo a 400 pesos. ¿Es caro? Depende. En la elección presidencial del año 2020 en Estados Unidos, se calcula que se destinaron alrededor de 11 mil millones de dólares. Si se considera que votaron como 159 millones de personas, en promedio, cada voto costó 68 dólares.

  Sin duda, mantener una democracia es caro, pero mucho más caro será, sin duda alguna, no tener un sistema democrático confiable. Por  ello, nuestra obligación es defender al INE.