Luego de advertir que el caso del cobijagate no está cerrado, Diputados locales dijeron que hoy martes podrí­an aprobar en el Pleno, citar a comparecer al Secretario de Finanzas, el Carlos Garza, por la sanción impuesta a Rogelio Benavides Pintos y el cambio en el importe de la multa.

Inclusive, Arturo Salinas, coordinador de la bancada panista, advirtió que Garza incurrió en un ilí­cito si modificó la sanción inicial, ante la crí­tica ciudadana, pues una autoridad no puede autoretractarse de una sanción ya impuesta.
"Es graví­simo lo que el Tesorero señala, o lo que señalan que hizo el Tesorero, porque una autoridad no puede autoretractarse de sus resoluciones, las resoluciones administrativas son un procedimiento jurí­dico que debió haber estado fundado y motivado, que debió haber estado apegado a derecho, que concluyó con una resolución que debe ser anterior al dí­a 15 de septiembre, que fue cuando anuncian por comunicado de prensa que la multa era de 7 mil pesos", expresó.
"Que hoy nos vengan a querer dorar la pí­ldora, ---agregó--- a decir que son 230 mil pesos, lo único que refleja es una violación a la Ley clara, porque entonces el Tesorero se prestó a modificar una resolución, lo cual serí­a un delito, y número dos, se siguen burlando de los ciudadanos, porque la Ley, implica que la multa debe ser el doble del lucro obtenido, y éste fue de 10 millones de pesos, entonces la multa debió ser de 20 millones de pesos.
"... í‰sto amerita que estemos solicitando la resolución y su presencia aquí­ en el Congreso, porque hay muchas cosas que aclarar.... podrí­a haber una responsabilidad, incluso penal, por haber modificado la resolución".
Anticipó que como nadie conoce la resolución de la Tesorerí­a en el caso, es posible que ésta la presenten ya modificada con la multa en base a salario diario del funcionario y no como originalmente se informó, que serí­a con base a salario mí­nimo diario, lo que serí­a un fraude.
Agregó que al dí­a de hoy nadie conoce la resolución del Tesorero", añadió, "... lo que va a pasar es llamarlos a declarar bajo protesta de decir verdad, para ver quién fue el que va a moverle a la resolución para decir que no eran 7 mil pesos que eran 230 mil... eso es un fraude, es un delito, es corrupción, es falta de transparencia de este Gobierno".
Marco González, lí­der de la bancada priista, dijo que seguirán insistiendo en que se proceda penalmente en el caso de la compra irregular de 200 mil cobijas y se inhabilite a los involucrados.