Si se impone en Puerto Rico el tipo de junta de control financiero que se impuso sobre la Ciudad de Nueva York en la década de 1970 y sobre Washington, DC, en la de 1990, se crearía un nuevo gobierno "de los fondos especulativos, por los fondos especulativos y para los fondos especulativos" que "destruirían la capacidad de la Mancomunidad de proveerle los servicios esenciales a su población". Así lo advirtió el senador portorriqueño Ramón Luis Nieves, del partido gobernante PPD, en artículo publicado hoy en The Hill.
Nieves también culpó al gobierno de Obama por solo ofrecer "ayuda técnica" y ayuda "de dientes para afuera " en vez de ofrecerles soluciones reales ante una crisis apremiante.
El argumento de que se requiere una junta de control cuando los gobiernos son incapaces de tomar las decisiones políticas dolorosas, no tiene sustentación, afirmó Nieves. El gobierno de García Padilla ha tomado muchas decisiones dolorosas y con costos políticos, imponiendo austeridad, reformando el sistema de pensiones, etc., con el fin de pagar la deuda. El fondo del asunto, afirmó Nieves "es que los fondos especulativos y los tenedores de bonos institucionales quieren que se les pague la deuda completa". Dados los grandes pagos pendientes al servicio de la deuda, una junta de control "podría pasar por alto nuestra constitución local para pagarle a los tenedores de bonos, a la vez que reduce drásticamente los gastos del gobierno en servicios esenciales".
En comentarios publicados en El Nuevo Día el 23 de febrero, el gobernador García Padilla afirmó que no aceptaría la imposición de ninguna junta de control que eclipsara los derechos de los funcionarios locales electos de aprobar el presupuesto u otras medidas fiscales. Repitió que le escribió al presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan (Republicano de Wisconsin), a principios de esta semana, para plantearle que la única solución a la crisis de la deuda es el establecimiento de un amplio marco legal para reestructurar toda la deuda de Puerto Rico. Le dijo a El Nuevo Día que está dispuesto a introducir una legislación de emergencia para declarar una moratoria a la deuda, si se considera necesario.