La participación ciudadana es una oportunidad de oro para los gobiernos locales. La sociedad ya se organiza, siempre se ha organizado por sí misma para resolver problemas en común pero hoy tenemos un panorama diferente en el que los objetivos de los gobiernos deben coincidir con los objetivos de los ciudadanos.
La comunicación toma un papel preponderante para entender el rol de cada uno de los actores que participan: ciudadanos, gobernantes y especialistas en los temas. Diseñar estrategias y procesos de comunicación que documenten, permitan evaluarlos y dar seguimiento hasta conseguir la generación de políticas públicas en común acuerdo y en beneficio de la mayoría.
La Participación Ciudadana es parte del concepto de democracia participativa, difícil en el entendimiento y más difícil aun en su aplicación pues no estamos acostumbrados a ello, tanto ciudadanos como gobiernos. Es un cambio cultural que las ciudades que lo logran pueden mover y generar sociedades dinámicas.
El verdadero cambio no está sólo en las leyes sino también en la conciencia de todos los ciudadanos, quienes debemos tomar de forma activa la responsabilidad política que conlleva la Participación Ciudadana. Las autoridades y los actores políticos en el estado de Nuevo León discuten en el Congreso y en los medios de comunicación la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana.
En México los avances en el tema se han dado de manera lenta, sin embargo existen antecedentes y avances como la Ley de Desarrollo Social que permite a algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC) ser vigilantes de la aplicación de la política social; la Ley Federal de Apoyo a las actividades realizadas por las OSC, y que es una herramienta de transparencia y de mayor institucionalización de su participación en las políticas públicas; y la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental que generó la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (IFAI).
La Ley que se discute en Nuevo León contempla figuras de democracia directa como el referéndum, el plebiscito, presupuesto participativo y la revocación de mandato todos estos tipos de participación son importantes porque nos permiten a los ciudadanos proponer, vigilar y evaluar la gestión de los gobernantes.
La revocación de mandato es un imperativo para el gobierno estatal. En lo particular, considero que la revocación de mandato no es necesaria en los representantes electos por periodos cortos como son los alcaldes y diputados, pues los proyectos necesitan de un tiempo considerable para desarrollarlos. El derecho a reelección del cual gozan actualmente hace equilibrio con una revocación de mandato del gobierno estatal pues la primera tiene la ventaja de un método de evaluación que motiva al buen desempeño del representante, además es un proceso mucho menos costoso que generar una elección intermedia.
Los alcaldes hoy en día tienen una oportunidad importante para transformar a la sociedad por tres razones: los gobiernos locales son los más cercanos a los problemas de los ciudadanos, los logros de su gobierno representan la oportunidad de reelección y están obligados a fomentar la participación ciudadana.
Pero hablemos de los ciudadanos, la participación ciudadana no aparece mágicamente en un sistema democrático. El Estado construye las condiciones para que suceda y con ello los ciudadanos adquirimos el derecho y la responsabilidad de participar.
La participación debe tener sentido para desarrollar proyectos que mejoren la convivencia en nuestro entorno, la mejora de la calidad de vida, la sustentabilidad, la igualdad de derechos de toda la ciudadanía y la implicación en su progreso, es decir, la participación y los esfuerzos que exige su implantación deben servir para resolver los problemas de la población.
