CIUDAD DE MEXICO - Los homicidios de activistas que luchan por todo tipo de causas, en especial por los derechos humanos, escalaron de manera dramática en los últimos dos años y medio, desde que el presidente Andrés López Obrador asumió su encargo. "México es uno de los países más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con nuestras cifras", señaló la organización no gubernamental Front Line Defenders (FLDF) a través de su representante en México Sandra Petargo. "Esto es muy alarmante" sostuvo Petargo, al indicar que lo peor de todo es que "no hay señales de que las cosas vayan a mejorar este año".
El secretario de Gobernación contabilizó al menos 68 luchadores sociales asesinados en este período, 12 de ellos solo en el presente año, aunque la cifra podría estar siendo subestimada, porque otros listados de organismos oficiales vinculados al tema y grupos civiles elevan el conteo hasta 19. En todo caso, los estados donde se han cometido el mayor número de homicidios contra activistas abarcan la región sur del país, donde abunda la pobreza y hay una mayor población indígena, como Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la zona occidente (estado de Colima) y la norte (Sonora). Las principales amenazas contra los activistas provienen de las organizaciones criminales, pero también las autoridades de distintos niveles mantienen bajo asedio a estos dirigentes. No son pocos los casos en los que las amenazas u homicidios en contra de los luchadores sociales se mantienen en reserva para evitar poner en riesgo a sus compañeros o a sus familiares.
Se contabilizan también muchos casos de activistas desaparecidos, como el de Claudia Uruchurtu, secuestrada el 27 de marzo cerca de la sede de la alcaldía de Asunción Nochistlán, estado de Oaxaca, de quien no se ha vuelto a saber nada. Los defensores que luchan por los derechos humanos, el medioambiente, el territorio, contra las megaobras de infraestructura, principalmente las represas, los pueblos indígenas o la comunidad lésbico-gay son los que más han sido víctimas de la violencia. Los agresores suelen ser, entre otros, agentes del Estado, empresas o el propio crimen organizado, coludidos a veces con autoridades, según la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT). La Red TDT señaló en un informe divulgado en abril pasado, bajo el título "Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020", que independientemente de si las agresiones "esta?n diversificadas" todas ellas son "responsabilidad del Estado". "Me?xico no es un pai?s seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos", sostiene el reporte.
Aunque el actual viceministro de Derechos Humanos Alejandro Encinas es una figura respetada por su tenaz labor a favor de las víctimas, las ONGs consideran que no se le debe atribuir toda la responsabilidad, sino es necesario que otras agencias del Estado, incluida la Presidencia, lo apoyen porque "tiene que ser un esfuerzo de todos".
Uno de los casos más icónicos citados por la Red TDT es el de Samir Flores, un activista de 35 años que denunció en forma incansable el impacto ambiental de una planta hidroeléctrica en el estado de Morelos, vecino a la capital. El hombre fue atacado a tiros cuando salía de su casa antes del amanecer tres días antes de una consulta que López Obrador convocó para decidir sobre el futuro de la central energética. La organización Global Witness clasificó a México en el cuarto lugar en el ranking mundial de los países más violentos para los defensores de los recursos naturales. Otros casos similares son los de Abiram Fernández, de 37 años, que colaboraba en la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz y fue asesinado a golpes el 30 de marzo de 2019 y el de Cristina Vázquez, de 50, amenazada por desarrolladores inmobiliarios y hallada sin vida con signos de violencia en la Ciudad de México, el 28 de junio de 2019.
