Internacional

Críticos aún ven problemas en nuevo veto migratorio de Trump

WASHINGTON - Luego de que una corte de apelaciones federal rechazó de forma unánime reinstaurar su veto migratorio el mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó una advertencia: "LOS VEO EN LA CORTE".

Los tribunales no tuvieron tiempo de pronunciarse definitivamente sobre el caso antes de que Trump reemplazó su orden ejecutiva migratoria el lunes con una versión más reducida - una que los partidarios dicen que está en los lí­mites de su autoridad y que los crí­ticos califican de más aceptable aunque sigue siendo problemática.

"Lo importante es que el presidente capituló en numerosas provisiones clave que reclamamos en los tribunales hace un mes", dijo el responsable de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, que encabezó el desafí­o legal contra la primera norma, en una conferencia de prensa el lunes.

Pero la norma original pretendí­a en parte "perseguir a paí­ses de mayorí­a musulmana", explicó Ferguson. "Seguimos teniendo preocupaciones sobre ese propósito".

El nuevo decreto prohí­be temporalmente la emisión de nuevos visados para ciudadanos de seis naciones de mayorí­a musulmana - una menos que la original tras sacar a Irak de una lista en la que figuran Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. Además suspende el programa estadounidense de refugiados en su totalidad.

La medida afecta solo a refugiados que no están ya de camino a Estados Unidos y a quienes solicitan una nueva visa. Además se retiró la redacción que daba prioridad a las minorí­as religiosas, una cláusula que algunas personas interpretaron como una manera de ayudar a los cristianos a ingresar al paí­s y excluir a los musulmanes.

Ferguson y su homólogo en Virginia, Mark Herring, ambos demócratas, estaban evaluando si presentar nuevas trabas legales antes de que la entrada en vigor del decreto el próximo 16 de marzo. Aunque el decreto dio un paso atrás "sigue mandando un mensaje horrible al mundo, a los estadounidenses musulmanes y las comunidades minoritarias en todo el paí­s, sin ningún beneficio demostrable para la seguridad nacional", explicó Herring.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) prometió actuar rápido para intentar drenar la orden.

Sin embargo, los cambios harán que un juez federal tenga "mucho, mucho más difí­cil" bloquear la norma, dijo el abogado especializado en inmigración Ted Ruthizer desde Nueva York.

Las cortes podrí­an encontrar convincente que la orden ejecutiva no afecte a musulmanes de todos los paí­ses, agregó. Y los jueces tienen un historial de ratificar partes de leyes migratorias que discriminan en base a la raza o la nacionalidad cuando se invoca la seguridad nacional.

Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Cornell University Law School, sostuvo que aunque la nueva propuesta de Trump tiene una base legal más sólida "no sofocará los litigios o preocupaciones".

"Familiares estadounidenses seguirán demandando por la incapacidad de reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos", explicó. "Las empresas estadounidenses podrí­an demandar porque no pueden contratar a los trabajadores que necesitan que esos seis paí­ses. Y las universidades estadounidenses se preocuparán por el impacto de la orden en la disponibilidad de los estudiantes extranjeros para ir a la universidad en Estados Unidos".

Altos cargos republicaron recibieron con agrado los cambios de Trump. El senador por Utah Orrin Hatch apuntó que la revisión de la orden hace progresos significativos hacia lo que reclamó tras la primera: evitar poner trabas a los viajeros inocentes o a los refugiados que huyen de la violencia y la persecución.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que el decreto "avanza nuestro objetivo compartido de proteger el paí­s".

La ministra de Justicia de Massachusetts, Maura Healey, quien respaldó el proceso legal contra la primera, describió la actualización como "un claro intento de revivir una orden desacreditada y cumplir una promesa de campaña discriminatoria e inconstitucional".