Local

Tapar baches corresponde al Gobierno

Tanto Arturo Salinas , diputado panista como el alcalde de Monterrey coincidieron en señalar que para tapar bache se requiere de un trabajo que se debe hacer profesionalmente y de calidad y es una acción de Gobierno.

Tras la convocatoria que lanzó hace unos dí­as el Gobernador Jaime Rodrí­guez Calderón a la ciudadaní­a y diputados para que se sumen a tapar baches porque no son suficientes los impuestos que se pagan, ambos coincidieron que es un trabajo de especialización.

Al respecto, Arturo Salinas, Coordinador de la bancada panista en Congreso local señaló "ese es un trabajo que le corresponde al Gobierno y además hay que hacerlo de manera profesional porque si no se tapan bien los bache se vuelve a abrir" .

MONTERREY

"es un trabajo especializado y técnico, Monterrey está haciendo su trabajo y debe seguir con su estrategia y planeada de acuerdo a los lineamientos que le corresponden" dijo el alcalde Adrián de la Garza, tras señalar que se puede participar con el Gobierno del Estado pero reiteró que este trabajo es especializado por las temperatura y materiales que se usan y el sistema que se implementa.

Cierto dijo que hoy los recursos son insuficientes no solamente para la administración regia sino para el resto de las localidades que se recibieron las calles en condiciones lamentables pero en el caso de Monterrey se trabaja bajo una propuesta y plan que está funcionando.

Monterrey trabaja con Vialidades Regias, bacheo preventivo de Servicios Públicos y lo que se hará con el Fondo Metropolitano.

Devolverí­a despacho legal pago por asesorí­as del Municipio de Monterrey

Araceli Garza

El despacho legal que habí­a contratado la exalcaldesa Margarita Arellanes para asesorí­as en materia fiscal y al que le pagó los 7.5 millones de pesos, antes de concluir la administración busca regresar el monto.

Lo anterior lo informó el propio alcalde Adrián de la Garza quien señaló que de manera extraoficial hay esta intención de parte del despacho aunque aún no se ha hecho oficial por parte del despacho.

Agregó que independientemente del proceso el municipio también piensa que podrí­an rescindir el contrato que hizo Arellanes.

"...no se ha restituido ningún dinero al municipio, sin embargo sí­ tenemos conocimiento de que hay la manifestación expresa de querer restituir ese dinero ya sea en la fiscalí­a o en el municipio para rescindir el contrato. Nosotros estamos en la mejor disposición de rescindir el contrato, pero eso es independiente obviamente de quien le..." dijo.

"la comunicación extraoficial que tenemos es que es el propio despacho el que quiere rescindir el contrato, que ha manifestado su intención de rescindirlo y nosotros estaremos en la mejor disposición de rescindirlo o restituir el dinero, quien independientemente de las consecuencias legales o penales que se tienen" dijo el edil.

Dijo que aún no hay un contacto oficial y todo ha sido de conocimiento extraoficialmente ya que personal del despacho ya compareció ante la fiscalí­a.

DENUNCIA

El pasado 2 de marzo, el municipio de Monterrey presentó las dos primeras denuncias penales por desví­o de recursos en contra de la administración anterior, encabezada por Margarita Arellanes y una de ellas fue por el pago por 7.5 millones de pesos al abogado Roberto Martí­nez Rodrí­guez, para un contrato de prestación de servicios profesionales, y otra por desví­o de 10.3 millones de pesos destinados para obra pública y con los que en su lugar se pagó el Impuesto Sobre la Renta.

La intención del despacho salió tras la comparecencia en la Fiscalí­a, hace unos dí­as.

CITADA

La fiscalí­a anticorrupción citó a la ex alcaldesa panista de Monterrey Margarita Arellanes a declarar el próximo 30 de junio en torno del pago de 7.5 millones de pesos a un despacho de abogados para que la defendiera, junto con sus colaboradores, de cualquier demanda. .

Al término del pasado trienio, el ayuntamiento de Monterrey contrató el despacho del abogado Roberto Martí­nez para atender su defensa en caso de que se presentaran demandas en su contra, lo cual fue considerado blindaje personal con recursos públicos.