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Cumple Margarita con la ley: asiste a declarar ante el juez

En un hecho sin precedente en el Estado de Nuevo León, fue llevada a Juicio quien fue la primera mujer alcaldesa de la capital neolonesa Margarita Arellanes.

Arellanes y nueve de sus exfuncionarios entre ellos varios integrantes de su entonces Cabildo pisaron este jueves La Sala 1 del Juzgado del Poder Judicial tras la acusación imputada por el actual gobierno local por la aprobación y pago de un servicio de asesorí­a legal no dado por un despacho de abogados y a quien le pagaron poco más de 8 millones de pesos.

Minutos antes de las 9: 00 horas, llegó la exalcaldesa y sus nueve exfuncionarios quienes dentro del desarrollo de la primera audiencia se acogieron al artí­culo 20 para no declarar y solicitaron una ampliación de cinco dí­as para aportar pruebas en su defensa es decir, una segunda audiencia estará programada para el 5 de julio a la misma hora. El proceso se sigue en la carpeta 2949/2016 sustentada en los Artí­culos 208 y 207 y varios apartados del Código Penal de Nuevo León.

Junto a la exalcaldesa Margarita Arellanes; están acusados: Alejandra Rodrí­guez Guerra, exsecretaria administrativa; Jesús Hurtado, exsecretario del Ayuntamiento; Julián Hernández, extesorero, Aldo Ariel Cepeda, José Francisco de la Cruz; Luis Angel Torres, David Rex Ochoa; Irasema Arriaga y Arturo Pecina fueron acusados por la Fiscalia Anticorrupción por ejercicio y uso indebido de funciones.

HECHOS

Detalló la fiscal Anticorrupción Blanca Angélica Sifuentes, que el 20 de octubre del 2015, el Comité de adquisiciones del municipio que integraban David R. Ochoa, Arturo Pecina, Luis Angel Torres y Aldo Cepeda aprobó sin licitación otorgar al despacho del abogado Roberto Martí­nez Rodrí­guez se le adjudicara un contrato de servicios profesionales legales incumpliendo las Ley de Adquisiciones al no someterlo a licitación pública ni tampoco respetando los lineamientos pues esta establecen que esta modalidad de contratos no deberí­a pasar de un pago de 2, 400 salarios mí­nimos pese a que se tiene en el gobierno un equipo jurí­dico para cumplir con servicios legales para manejo de amparos, auditorí­a estatal, sanciones, inhabilitaciones , condenas entre otros, servicios que darí­a este despacho contratado.

Una vez acordad, el resto de los funcionarios nombrados, y a quienes acusó la Fiscalí­a , como autores materiales directos, firmaron el contrato con el despacho de abogados y tendrí­an como beneficios también la asesorí­a legal sin costo en dado caso que se les imputara algún hecho a partir del 31 de octubre en que dejaban la administración, es decir sin ser ya funcionarios.

El monto referido de pago fue de 7 millones 74 mil . 700 pesos más iva que llegó a subir a 8 millones de pesos 207 mil 546 pesos cuando debieron de haberse pagado 168 mil 240 pesos respetando los lineamientos de la Ley de Adquisiciones que precisa un lí­mite de 2,400 salarios por 70 pesos en que estaban el salario mí­nimo.

Este presupuesto según lo señalado por la parte acusadora no estaban contemplados ni en el plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio administrativo ni señalado en el presupuesto del 2015.