La Corte escucha a organizaciones de la sociedad civil que acompañan casos de violencias contra las mujeres, en el marco del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, así como de la elaboración del X Informe que México presentará al Comité CEDAW

  La Ministra Presidenta anunció el desarrollo de un Programa de Justicia Penal y Género, así como de un mapa de retos y ruta de acción para atenderlos, derivado de diversos ejercicios de escucha y diálogo iniciados en 2023

Ciudad de México.- Al participar en la Mesa Contrastes y reflexiones sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), acompañada de los ministros Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara Carrancá, escucharon, de voz de las mujeres representantes de algunas de las organizaciones de la sociedad civil que han presentado informes alternativos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), sus hallazgos y preocupaciones en materia de investigación, enjuiciamiento y sanción de las múltiples violencias que experimentan las mujeres en el país.

  Lo anterior, en el marco del Examen Nacional sobre avances y retos en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como de la coordinación de la Mesa de Acceso y Procuración de Justicia que conforman 17 instituciones públicas para la integración del X Informe de México ante el Comité CEDAW, misma que corresponde a La Corte desde 2019.

 Ante el reto que corresponde atender al Estado mexicano en su conjunto, la Ministra Presidenta hizo un llamado a dichas instituciones para no solo integrar información que enumere los retos pendientes, sino realizar “cada una, dentro de nuestras competencias, las acciones necesarias y urgentes para superarlos.

 Asimismo, enfatizó que “el espacio fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, su libertad de expresión, su integridad como personas defensoras de derechos humanos es un pilar fundamental de nuestro Estado constitucional de derecho”.

 Esta actividad de escucha se enmarca también en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia convocado desde el Poder Judicial de la Federación, ya que, como lo mencionó la Presidenta de La Corte y del CJF, “la violencia contra las mujeres en México solo podrá detenerse si todas las autoridades de los tres poderes y órdenes de gobierno que tenemos la responsabilidad de actuar en las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, lo hacemos de forma coordinada y asumimos, sin pretextos de ningún tipo, cada una nuestra responsabilidad”.

 La ministra Piña Hernández destacó algunas acciones que, desde el ámbito de La Corte, se llevan a cabo para abordar problemas que no serán resueltos aisladamente, entre ellas, el desarrollo de un Programa de Justicia Penal y Género, así como la creación de un mapa de retos y rutas de acciones que incluyen, entre otras actividades: (i) El reforzamiento intensivo de los protocolos, estándares y precedentes judiciales que informan las obligaciones de todas las autoridades para actuar con perspectiva de género y un enfoque interseccional en el acceso a la justicia para las mujeres; (ii) El abordaje de los grandes problemas para probar en el proceso penal la violencia de género, y (iii) La protección efectiva de los derechos de las víctimas y defensoras en el proceso penal, así como de las mujeres en conflicto con la ley.

 Al hacer uso de la voz, las representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); el Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); y Equis Justicia para las Mujeres, a quienes la Ministra Presidenta reconoció de manera pública su trabajo, destacaron el desarrollo de estas mesas desde La Corte.

 María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, recordó que de los 17 casos que ha revisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México por casos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, los únicos en los que ha habido avances tanto en investigación, como sanción contra perpetradores, han sido dos: el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

 Yésica Sánchez Maya, codirectora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, dijo que en sus informes se ha tenido mayor impacto en el análisis de la política pública; en el análisis en los últimos años de la alerta de violencia de género; en el fenómeno global y nacional del feminicidio de la desaparición y, en el último trecho, también en el tema de mujeres, paz, seguridad y crimen organizado. Por otro lado, dijo, “nosotras también intentamos colocar qué sucede con quienes acompaña a las mujeres en este caminar, que son las defensoras de derechos humanos”.

 A su vez, Imelda Marrufo Nava, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, dio cuenta de un estudio que detectó que, en varios tribunales del país, se continúa con vicios como “un importante desconocimiento de los instrumentos internacionales y de la legislación nacional en materia de derechos humanos de las mujeres, desconocimiento, confusión, superficialidad, ambigüedad, en torno a la perspectiva de género”.

 La directora de Justicia Pro Persona y Asesora Jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Ana Yeli Pérez Garrido, consideró que el país sufre un problema de legalidad, de respeto y de observancia a los derechos humanos, sobre todo por lo entes que tienen la obligación de respetarlos y protegerlos, “desde los cuerpos policiales, pero sobre todo las fiscalías, donde a veces es una falta de preparación, no solamente que les falte capacitación, sino que a veces faltan recursos básicos”.

  Por último, Samantha Paredón, coordinadora del área legal de Equis Justicia para las Mujeres, destacó que uno de los retos más importantes es la implementación de las órdenes de protección para prevenir la violencia letal, como es el feminicidio, pero las mujeres desconocen su utilidad y alcance. Sin embargo, dijo, han detectado que únicamente el 5 por ciento de las autoridades, emiten las órdenes de protección; y, el 9 por ciento de las instituciones que atienden a mujeres víctimas de violencia, las solicitan.