Un editorial en el diario Wall Street Journal acusa directamente al ex director del FBI, James Comey, al ex director de Inteligencia Nacional, James Clapper, y al “fiscal especial” Robert Muller, por mentir y por obstrucción de la justicia, a la vez que identifica a los británicos (a través del expediente del espía del MI6, Christopher Steele) como los manipuladores del fraude llamado “Rusiagate”.

  El Journal cubre la noticia sobre las nuevas evidencias de que se interceptaron las comunicaciones de Paul Manafort, incluyendo las de su apartamento en la Torre Trump, mientras que se desempeñaba como jefe de la campaña electoral de Trump. “El señor Comey le dijo al Congreso a fines de marzo que ‘no tenía información que respaldara esos tuiteos de Trump’. El ex director de Inteligencia Nacional, James Clapper, fue incluso más específico, y dijo que ‘no hay tal actividad de intercepciones en las comunicaciones montadas en contra del Presidente electo en ese entonces, ni como candidato, ni en contra de su campaña’. Negó que existiera una orden FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) en ese sentido. ¿Mintieron todos ellos?”, pregunta el Journal, al referirse a la noticia de que las autoridades de seguridad si solicitaron una orden judicial a un juez especial (FISA, en sus siglas en inglés) para realizar esas actividades de espionaje contra un funcionario en plena campaña electoral.

 Señalan el caso del funcionario del MI6, Christopher Steele: “La coincidencia del momento de la orden [FISA del juez especial] pudiera también arrojar luz sobre la relación del FBI con el infame ‘expediente Steele’. Ese expediente ampliamente desacreditado que alega supuestos vínculos entre los rusos y la campaña de Trump, fue encargado por la firma investigadora izquierdista Fusion GPS y fue realizado por el ex espía británico, Christopher Steele; quien se basó en fuentes rusas. Pero el Washington Post y otros han informado que el FBI conocía al señor Steele y que él había hecho contacto con la agencia sobre su trabajo y hasta arregló un acuerdo en el 2016 para que el FBI le pagara para continuar con su investigación”.

  El Journal destaca que el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de FISA “establece unos parámetros muy elevados para poder emitir órdenes en contra de ciudadanos estadounidenses, y presumiblemente incluso más elevados para las ordenes de interceptación de una campaña presidencial. ¿Presentó el señor Comey del FBI el expediente de Steele para persuadir al tribunal?”

  El cargo de obstrucción de la justicia es muy serio, ya que es un delito que sigue sucediendo. “Todo esto es motivo para que los investigadores de la Cámara de Representantes y del Senado sigan explorando la forma en que el FBI del señor Comey estaba investigando ambas campañas presidenciales. La intromisión rusa es una amenaza a la democracia pero también lo es la del FBI si se basó en desinformación rusa para fisgonear en una campaña presidencial. El Departamento de Justicia y el FBI han obstaculizado las solicitudes del Congreso de documentos y entrevistas, excusándose en la integridad de la investigación del fiscal especial Robert Mueller”, señala el editorial del Journal.

  También destaca el conflicto de intereses obvio dado que los vínculos del ex director del FBI Mueller “con el FBI y el señor Comey también lo convierten en alguien que tiene conflicto de intereses para desempeñar su cargo. El Congreso tiene a su cargo la supervisión de la aplicación de la ley y los tribunales FISA, y tiene la obligación de investigar el papel de estos en el 2016. Las Comisiones de Inteligencia tienen autoridad para citar a comparecer y la capacidad de sancionar por desacato a aquellos que no cooperen”.