Tras anunciar que se inició el proceso penal contra exfuncionarios de la administración anterior con el embargo precautorio de bienes del exgobernador y al menos 11 de ellos y acciones contra al menos 20 personas más el Fiscal de la SubProcuraduría Anticorrupción Jorge Emilio Iruegas informó que y se puso este mismo viernes la solicitud para fijar la fecha de formulación de imputación en dos carpetas investigación que ocasionaron daños por más de nueve millones de pesos.
Una de ellas por contratos irregulares respecto a ocho órdenes de compra y un arrendamiento del Sistema Estatal de Caminos pidiendo citar al exdirector y dos funcionarios más de segundo nivel.
Una segunda solicitud en la misma dependencia por la simulación de una obra de repavimentación en el municipio de San Nicolás
Este proceso se solventa bajo el Código Procesal Penal de corte acusatorio al igual que el resto de los casos que han iniciado.
Las acciones de embargo precautorio van contra el exgobernador Rodrigo Medina y 11 exfuncionarios de primer y segundo nivel y acciones en al menos 30 personas más entre, empresarios, baqueros, alcaldes y diputados federales y familiares.
En los próximos días dijo, se solicitará la formulación de imputación.
PROCESO
Estos resultados se originaron tras la entrega recepción de la administración que en conjunto y bajo la Contraloría Estatal se investigó pasando los expedientes a la SubProcuraduría Especializada Anticorrupción que preside Ernesto Canales que inicia las entrevistas , comparecencias , peritajes y análisis de información.
En los próximos días se solicitará una audiencia para formular cargos y se citará a los implicados y en dicha audiencia se pedirá por parte del Ministerio Público la vinculación a proceso de las personas señaladas y se solicitará la medida cautelar que corresponda de ser necesario atendiendo las particularidades de cada uno de los señalados y se les formalizaría la imputación.
Una vez concretado lo anterior se establecería el plazo de cierre de investigación por los delitos por los que se les vincularía a proceso que sería hasta seis meses para luego el Ministerio Público establecería la acusación formal e iniciar la audiencia intermedia y se definirían los medios de prueba que se desahogarían en la audiencia de juicio oral.
"es importante destacar que bajo las figuras que se establecen en el Código Procesal existe la posibilidad de establecer ciertas salidas alternas , como pudiera ser algún criterio de oportunidad o procedimiento abreviado respecto a las personas que pudieran brindar información eficaz " dijo y que antepongan los intereses del Estado y pudiera existir algún acuerdo reparatorio.
A partir de ahí se establecería la fecha del juicio oral.